PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Govern ha aprobado el proyecto de ley de gestión y modernización de las áreas de promoción industrial de Baleares, que prevé una dotación inicial de tres millones de euros para financiar ayudas relacionadas con la eficiencia energética, la movilidad e infraestructuras, entre otras.
El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha detallado, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que el proyecto de ley propone un "cambio de perspectiva" hablando de áreas de promoción industrial y no de polígonos.
Según el conseller, se trata de una ley "de fácil aplicación" que propone ayudar a las entidades a crear tejidos asociativos que sean interlocutores con las administraciones. De este modo, se prevé que estas asociaciones definan con los ayuntamientos las líneas que se puedan subvencionar con los tres millones de euros.
"La ley propone, inspira e invita a los empresarios a organizarse y a las administraciones locales a tener interlocución con los empresarios para ir de la mano", ha subrayado Sáenz de San Pedro. Así, el objetivo último de la normativa es mejorar la competitividad.
El proyecto aprobado busca potenciar que las áreas de promoción industrial cuenten con las infraestructuras, dotaciones y servicios necesarios para el desarrollo eficiente, económico, social y medioambientalmente sostenible de las actividades económicas para, de esta manera, mejorar la gestión y la calidad del suelo industrial así como la competitividad de las empresas.
Una área de promoción industrial es cada uno de los ámbitos territoriales de suelo urbano para los cuales su ordenación urbanística establece el uso industrial como dominante, o el uso adecuado para el desarrollo productivo; teniendo en cuenta las necesidades para la promoción económica local.
El texto normativo incorpora instrumentos para fomentar la gestión profesionalizada de las áreas de promoción industrial. De esta manera, se facilita la creación de gerencias profesionalizadas a través del establecimiento de la categoría de entidades de gestión y modernización (EGM) de áreas de promoción industrial y se permite a cualquier entidad poner en valor su gestión por medio de esta figura, sólo acreditando el carácter profesional, sin necesidad de modificar su naturaleza jurídica o su norma gestora o estatutaria.
Esta gestión también se puede realizar a través de las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación o de asociaciones empresariales.
Según ha explicado, la colaboración público-privada adquiere un "interés indudable" en esta nueva norma, por medio de la participación de los ayuntamientos. El proyecto pone en valor la tarea "insustituible" de las entidades locales y establece marcos de colaboración para que, con respecto total a su autonomía, puedan potenciar la competitividad de las áreas de promoción industrial del territorio.
Siguiendo esta línea, el documento habilita fórmulas para que, de forma voluntaria, las administraciones públicas y el sector privado puedan alcanzar conjuntamente sus objetivos.
En este sentido, se plantea una batería de propuestas de fomento de la competitividad de las áreas de promoción industrial y de las empresas instaladas que posibilitan la cesión de derechos, así como la concesión de ayudas y beneficios tributarios a las EGM y empresas, cuando éstas planteen situaciones de interés público.
El proyecto de ley crea el Sistema de Información Integrada de las áreas de promoción industrial, para incorporar contenido relevante que permita adoptar decisiones, crear sinergias, atraer iniciativas empresariales y promover la participación informada de los agentes implicados.
Se establece también el Plan Autonómico para la Competitividad, un documento de carácter cuatrienal que deberá elaborar la Conselleria y que deberá incorporar medidas y actuaciones a desarrollar sobre la base de una herramienta de información integrada, un modelo participativo y un sistema de mejora de la calidad.
Se prevé así mismo, ha continuado el conseller, crear una Comisión para la Competitividad de las Áreas de Promoción Industrial, que será el principal órgano asesor a través del cual se estructure la participación de todos los agentes implicados. Finalmente, la norma crea el registro de entidades de gestión y modernización, con carácter público, gratuito y electrónico.
Por último, ha asegurado que esta ley parte del respeto a la libertad de la sociedad civil y evita imponer criterios de forma imperativa al ofrecer un conjunto de iniciativas y una serie de herramientas para que asociaciones y entidades empresariales puedan optimizar sus esfuerzos en colaboración con los ayuntamientos.