El Govern autoriza la prórroga del contrato de la oficina de seguridad de la información del IB-Salud

PALMA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha otorgado al director general del Servicio de Salud la autorización previa para ejercer la competencia en materia de autorización y disposición del gasto del expediente de prórroga del contrato de servicios de seguridad de la información (Oficina de Seguridad) del IB-Salud con un presupuesto de 786.500 euros.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, la Oficina de Seguridad de la Información, que depende de la Subdirección de Tecnología de la Información, es la unidad que presta los servicios especializados en materia de protección de datos y seguridad de la información, tanto en el ámbito de los Servicios Centrales y de los sistemas de información corporativos como en los de las diferentes gerencias territoriales y los entes que dependen del Servicio de Salud.

Actualmente, esta unidad está formada por personal propio y recibe el apoyo también de personal especializado de empresas externas. Dispone de un conjunto de herramientas y de soluciones que ayudan a cumplir las funciones asignadas y que permiten automatizar y evaluar la madurez del servicio prestado.

La prestación de servicios de seguridad de la información es necesaria porque el Servicio de Salud debe cumplir el compromiso con la privacidad de los datos de sus usuarios, y es importante reforzar el servicio a causa del aumento de las amenazas en ciberseguridad y para ajustarse a los cambios normativos que puedan surgir.

El 11 de agosto de 2019 se formalizó un contrato de servicios de seguridad de la información (Oficina de Seguridad) con la empresa Ernst & Young, SL, con un plazo de ejecución de 24 meses.

En cuanto a la duración de la prórroga, se propone también un periodo de veinticuatro meses. Así pues, el periodo de ejecución de la prórroga seria desde el 22 de septiembre de 2022 hasta el 21 de septiembre de 2024.

El Govern, ha recordado, debe garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario público ejerciendo las diferentes facultades que las leyes específicas le atribuyen, aplicando sus recursos y medios organizativos, emprendiendo acciones encaminadas a satisfacer el derecho de protección de la salud y distribuyendo óptimamente los recursos de que dispone para ofrecer las prestaciones y los servicios sanitarios.