PALMA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Abogacía de la Comunidad también pide una condena de prisión permanente revisable para el hombre que en 2021 mató a su mujer embarazada y su hijo de seis años en Sa Pobla (Mallorca), al igual que la familia de la víctima, según han informado fuentes de la Conselleria de Presidencia.
La representación del Govern balear, personado como acusación popular, formula una petición idéntica a la de la abogada de la acusación particular, Isabel Flux: 20 años de prisión por homicidio; prisión permanente por el asesinato del menor; y por aborto inconsentido ocho años y por maltrato tres años más.
Cabe recordar que el Consell de Govern aprobó un acuerdo en 2008 por el que la Abogacía de la Comunidad se persona como acusación en todos los juicios por crímenes de violencia de género.
Es la segunda vez que se solicita la prisión permanente revisable por un crimen en Mallorca --también se planteó en un caso de asesinato y robo en Sencelles juzgado en 2019--, pero la primera en el que la víctima es un menor.
El doble crimen tuvo lugar el 16 de mayo de 2021 en el domicilio familiar en Sa Pobla. Presuntamente, el hombre primero golpeó en varias ocasiones a su pareja y posteriormente la estranguló. En aquel momento, la mujer estaba embarazada de un varón, pero el feto no pudo sobrevivir. El acusado estranguló también a su hijo de seis años de edad, y después abandonó el lugar, dejando la puerta del domicilio cerrada con llave.
Fue detenido al día siguiente. Sobre las 16.15 horas envió un mensaje a su cuñado informando de que su hermana estaba muerta y dónde se encontraban los cuerpos; sobre las 20.00 horas, llamó a la Guardia Civil para confesar que había matado a su mujer e hijo.
La familia de la víctima añade a este doble crimen episodios de maltrato previos, con violencia física y verbal tanto hacia la mujer como hacia el menor.
Existían antecedentes por violencia de género; la mujer había denunciado al menos dos veces a su pareja. La entonces delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, negó que se produjeran fallos en el seguimiento de la víctima, que había vuelto a convivir con el asesino a pesar de dos denuncias por malos tratos en 2012 y 2018. Según explicaron desde Delegación, la denunciante salió del programa voluntariamente argumentando que no existían síntomas o riesgo de amenazas.
El caso lo juzgará en la Audiencia Provincial un Tribunal del Jurado. La Fiscalía todavía no ha formulado su escrito de acusación.