El juicio por el 'caso Móviles' se celebrará el 27 de febrero

PALMA DE MALLORCA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha señalado para el 27 de febrero de 2020 el juicio del denominado 'caso Móviles' por el que está investigado el magistrado Miguel Florit por la incautación de móviles a redactores que cubrían el 'caso Cursach'.

En concreto, la Sala Civil y Penal del TSJIB ha señalado para el 27 de febrero la vista oral a partir de las 09.30 horas, y días sucesivos si fuese necesario, en sesiones de mañana y tarde.

La representación de los medios afectados --Europa Press, 'Diario de Mallorca' y EFE y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre-- pide condenar al juez a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.

En su relato, la acusación particular de este caso, iniciado a raíz de la querella de Europa Press y 'Diario de Mallorca' por la incautación de los móviles, reseñan cuatro autos dictados por Florit como instructor de una pieza por revelación de secretos. La causa tenía como objeto investigar el origen de las informaciones publicadas en prensa sobre el 'caso Cursach', una macrocausa de corrupción.

La acusación sostiene que los autos "fueron dictados por el acusado con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad del domicilio".

En concreto, los periodistas imputan al juez un delito consumado continuado de prevaricación judicial, por el que piden 20 años de inhabilitación y una multa de 29.200 euros; dos delitos contra la inviolabilidad del domicilio, por el que piden, por cada uno, seis años de inhabilitación y multa de 14.600 euros; un delito consumado continuado contra el ejercicio de derechos cívicos --derecho al secreto profesional periodístico y derecho a la intimidad--, por el que piden cuatro años de inhabilitación; y un delito consumado continuado de interceptación ilegal de comunicaciones, por el que solicitan seis años de inhabilitación.