El magistrado Antonio Capó instruirá la recusación a los jueces del TSJIB que deben juzgar el 'caso Móviles'

PALMA DE MALLORCA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) Antonio Federico Capó Delgado ha sido designado instructor de una pieza separada por el incidente de recusación que la Fiscalía ha promovido contra los jueces que debían juzgar el conocido como 'caso Móviles'.

El fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, reclamó que tres jueces del TSJIB --Antoni Terrasa, Carlos Gómez y Pedro José Barceló-- se abstuvieran y no juzgaran la pieza contra el juez Miguel Florit. A esta petición se adhirió la defensa del magistrado investigado. Por su parte, se opuso a la recusación la representación de 'Diario de Mallorca' y el periodista Kiko Mestre.

Recientemente, la Abogacía del Estado -personada como posible responsable civil subsidiario al tratarse el acusado de un funcionario público- también se ha adherido a la recusación con un escrito en el que puntualiza que le es "indiferente" la composición del órgano, "dada la confianza en todos los magistrados" de la Sala.

Los magistrados recusados ya emitieron un informe con el que rechazaban abstenerse. Debido a que el escrito de la Abogacía se limita a remitirse a las alegaciones originales de la Fiscalía, los magistrados simplemente se han ratificado en dicho informe.

Los magistrados recusados negaron que haya argumentos para considerar que están estén contaminados para juzgar el caso y, entre otras consideraciones, reprocharon al fiscal que desde el principio conocía la composición del Tribunal, por lo que la petición de abstenerse sería "extemporánea".

El juez Miguel Florit irá a juicio a raíz de una querella presentada por Europa Press, 'Diario de Mallorca' y los periodistas, Blanca Pou y Kiko Mestre. Se investiga si las órdenes que dictó para incautarse de sus teléfonos móviles y rastrear sus llamadas fueron prevaricadoras. También se le acusa de delito contra la inviolabilidad del domicilio, interceptación ilegal de comunicaciones, vulneración del secreto profesional periodístico y otros derechos. La acusación particular pide 42 años de inhabilitación y multas que suman 58.400 euros.