Manera avisa de que la Comisión de Investigación del edificio de Son Rossinyol "no desvelará nada irregular, ni penal"

Subraya que la Sindicatura de Cuentas sólo detectó irregularidades administrativas en el expediente de alquiler con opción a compra

PALMA DE MALLORCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, ha avisado de que la Comisión de Investigación, que ha comenzado este martes en el Parlament sobre el contrato de alquiler con opción a compra del edificio de Son Rossinyol "no desvelará nada irregular, ni penal, ya que no ha habido ningún pago de comisiones, ni decisiones espúreas para favorecer a algún amigo, ni otros elementos que sí que hemos visto en otros casos, como el de Bomsai".

Durante un receso de las jornadas parlamentarias del grupo socialista, Manera ha recordado que el Govern remitió el expediente del edificio tanto a la Fiscalía Anticorrupción, como a la Sindicatura de Cuentas, de forma que el primer organismo "archivó el caso, al considerar que no había ningún problema grave".

Por su parte, ha indicado que la Sindicatura de Cuentas ha afirmado que el expediente "se ajusta a la Ley", si bien ha reconocido que sí detectó "algunas irregularidades de carácter administrativo, al igual que detecta en todos los expedientes".

Además, ha añadido que los informes de la Abogacía de la Comunidad Autónoma y los servicios jurídicos de la Conselleria "van en la misma dirección en el sentido de que las cosas se han hecho correctamente y sin ningún tipo de problema".

De este modo, ha criticado que el diputado del PP José María Rodríguez "se ha montado una parafernalia con esta historia para su mayor gloria y propaganda", si bien ha insistido en que "se demostrará que no hay ningún tipo de dificultades con este expediente, tal como ya han dicho la Fiscalía y la Sindicatura de Cuentas, las dos entidades a las que se debe remitir los expedientes en caso de que se detectasen irregularidades graves de carácter penal".

Por ello, considera que la Comisión de Investigación, que se celebra a instancias del PP, es un tema "más político y muy particularizado en una persona", dado que, según ha censurado, pese a los informes "demoledores" de la Fiscalía y la Sindicatura, el PP "mantiene la parafernalia y el lío".

EN BUSCA DE 14.000 METROS CUADRADOS

Por otro lado, Manera ha negado que la Conselleria de Educación haya "escondido" que desde el 2008 estuviera interesada en el edificio de Son Rossinyol, dado que cuando comenzó el actual Govern "se detectaron una serie de necesidades de espacio por parte de las Consellerias, principalmente la de Educación, Medio Ambiente y Asuntos Sociales".

Ante esta situación, ha explicado que el Ejecutivo calculó que se necesitaban 14.000 metros cuadrados, si bien en el mercado "no había en esos momentos edificios de este valor". Así, ha indicado que el empresario Bartolomé Cursach acudió a la Conselleria de Hacienda para ofrecer al Govern un edificio de Son Valentí, mientras que, a su vez, Vicente Grande también ofreció otros inmuebles que "no tenían demasiado sentido para nuestras necesidades".

Asimismo, Manera ha indicado que también se encontraba el edificio de Son Rossinyol, que contaba con 20.000 metros cuadrados, algo que "no era fácil de encontrar y, por ello, se optó por este inmueble", teniendo en cuenta que Cursach hizo una oferta de 14.000 metros cuadrados, repartidos en dos edificios, "lo que multiplicaba el gasto de funcionamiento".

De este modo, ha recalcado que el Govern eligió la oferta "más económica", teniendo en cuenta que, a principios de legislatura, estaba pagando 14 euros por metro cuadrado en las citadas Consellerias y ahora se está abonando un alquiler de 6 euros por metro cuadrado, con el "doble" de espacio disponible.

"La operación es muy positiva para la Comunidad Autónoma desde un punto de vista de utilización de los espacios y desde el punto de vista económico", ha resaltado, al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo eligió el alquiler con opción a compra, dado que "no se podía adquirir el edificio de Son Rossinyol, debido a que computaba como deuda pública" y ésta, según ha recordado, estaba al límite.