Mar Blava destaca que el Congreso ya examina la Proposición de Ley para proteger el Mediterráneo

IBIZA, 18 May. (EUROPA PRESS) - -

La Alianza Mar Blava ha confirmado que la Proposición de Ley para proteger el Mediterráneo de las prospecciones ya está siendo examinada por la Mesa del Congreso de los Diputados.

La entidad ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios el informe jurídico sobre la ausencia de repercusión presupuestaria de la citada Proposición de Ley.

Dicho informe ha sido encargado por la Alianza Mar Blava y concluye que las disposiciones de la Proposición de Ley "no suponen jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado vigentes al día de la fecha, que constituyen el elemento de contraste al efecto, aunque se mantengan con el carácter de presupuesto prorrogado".

El estudio ha sido emitido por Javier Sánchez, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid.

Así, en relación a los antecedentes, se destaca que los grupos
del Parlament balear, Més per Menorca, Popular, Socialista, Podem Illes Balears, El Pi Proposta per les Illes y Mixto, presentaron ante la cámara autonómica una Proposición de Ley con fecha 15 de febrero de 2017 sobre 'Protección del Mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales'.

Cumplimentada su tramitación en la Cámara autonómica, la Proposición de Ley ha sido enviada al Congreso de los Diputados.

Sobre el análisis de la Proposición de Ley se destaca que consta de un artículo único para excluir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza jurisdicción.

Igualmente queda excluido de dicho espacio marino la exploración a través de adquisiciones sísmicas, salvo que se utilicen tecnologías cuya completa inocuidad para el medio marino esté científicamente demostrada.

Como conclusión, el académico reitera que la iniciativa legislativa "no supone jurídicamente ningún tipo de aumento de gastos o de disminución de ingresos en relación con los Presupuestos Generales del Estado".