Mar Blava exige que se identifique a los responsables del informe que rechazaba la PDL para proteger el Mediterráneo

IBIZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Mar Blava ha dirigido un escrito al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en el que exige la identificación de la persona o personas responsables de la elaboración del informe, de 19 de junio de 2017, que muestra la no conformidad del Gobierno central con la Proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos.

Dicho informe, han explicado, no tiene firma alguna y fue entregado el 23 de junio a la Mesa del Congreso de los Diputados. En su carta, Mar Blava ha expuesto al ministro Nadal que el informe "es un acto de obstaculización de una medida de protección ambiental".

"En el informe entendemos que se realizan afirmaciones que no se corresponden con la verdad, con lo que consideramos que caben acciones frente a la persona o personas que han elaborado y son responsables de dichas afirmaciones", han dicho.

Según Mar Blava, el 23 de junio el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes remitió ese día a la presidenta del Congreso un escrito manifestando que el Gobierno "no presta su conformidad" por motivos presupuestarios.

Dicho escrito "no concretaba los motivos de dicha disconformidad", según la Alianza, y para ello se remitía a un informe adjunto con el membrete del Gabinete del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital pero que no llevaba firma alguna, es decir, sin identificar a la persona o personas que lo realizaron.

"Ese hecho ya es suficiente para cuestionar el contenido de un informe que nadie ha querido firmar. El hecho de que el citado informe del MINETAD aportase sólo argumentos que no se sostienen jurídicamente debe ser el motivo por el cual nadie (ningún funcionario ni responsable político) se ha atrevido a firmarlo", han asegurado desde Mar Blava.

La Alianza ha exigido que se aclare la cuestión de la autoría de ese informe "plagado de falsedades" que propició el veto del Gobierno a la tramitación de la mencionada Proposición de Ley para así poder ejercer al respecto las pertinentes acciones legales.