Martínez pide a la ministra de Vivienda herramientas para combatir la okupación

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha pedido este miércoles a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, herramienta para combatir la okupación ilegal y más seguridad jurídica para incentivar los alquileres de larga duración.

Ha sido durante la reunión mantenida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con la ministra Rodríguez y durante la cual los representantes de las corporaciones locales expusieron sus principales reivindicaciones en cuestiones relacionadas con la necesidad de ampliación de la oferta habitacional, ya sea en régimen de venta o arrendamiento.

El primer edil ha insistido en la prioridad de incrementar la oferta de vivienda disponible mediante la incorporación de más viviendas al mercado, poniendo más alternativas a disposición de la demanda.

La posición del alcalde y de su equipo de gobierno es que este aumento del parque inmobiliario debe centrarse, entre otras fórmulas, en reforzar la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas que actualmente se encuentran vacías debido, principalmente, a las reticencias de los titulares a acudir al mercado de alquiler.

Igualmente, Martínez incidió en la necesidad de instaurar herramientas legales efectivas que permitan erradicar el problema de la okupación ilegal de las propiedades y, a su vez, incentivar la firma de contratos de arrendamiento de larga duración.

Esto pasa, según ha manifestado el primer edil, por exigir a la Administración central que abra los marcos legislativos preceptivos, que son la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Por otra parte, Jaime Martínez destacó la necesidad de contar con las herramientas necesarias para combatir el alquiler turístico ilegal, exigiendo, a su vez, los suficientes requisitos de calidad a la oferta reglada.

En este sentido, Gobierno y municipios se han comprometido a trabajar conjuntamente para analizar cuáles son los aspectos que deben ser objeto de una futura legislación, destinada a combatir el uso abusivo y desproporcionado de este tipo de oferta.