MÉS defiende que la ley regula el alquiler turístico servirá para "garantizar el bien común y evitar la especulación"

PALMA DE MALLORCA 17 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El coportavoz del grupo parlamentario, David Abril, han defendido la Ley que regula el alquiler turístico que será debatida este martes en el Parlament y la ha calificado como una normativa "valiente" que servirá para "garantizar el bien común y evitar la especulación", ha dicho.

Abril ha comparecido en rueda de prensa junto al diputado Antoni Reus, a quien ha agradecido el trabajo realizado durante la negociación parlamentaria ante "las "osturas antagónicas expresadas tanto a nivel social como a nivel parlamentario sobre un fenómeno, el alquiler turístico, que es bastante complejo".

Según ha indicado Abril, "desde el primer momento han tenido claro que de lo que se trataba es de defender el bien común y evitar la especulación, y con esta "filosofía" han trabajado, primero con el equipo del vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, y después también desde el Parlamento, ha afirmado.

En cuanto a los cambios introducidos en el trámite parlamentario, el diputado Reus ha destacado que la ley será más respetuosa con las competencias de los Consells Insulars, que tendrán más margen para desarrollar los requisitos de la ley con respecto a las condiciones que deben cumplir las viviendas que se destinen a alquiler turístico.

Asimismo, el proyecto de Ley da herramientas que no existían para las administraciones para poder sancionar las malas prácticas y el alquiler turístico ilegal, y en el trámite parlamentario se ha incorporado una disposición para que las administraciones competentes deberán dotar los recursos necesarios en materia de inspectores a sus presupuestos y relaciones laborales.

También se han reforzado los mecanismos de control, con la obligatoriedad de que las viviendas de alquiler turístico estén inscritos en su correspondiente registro. Las viviendas que se registren y no cumplan los requisitos también serán considerados ilegales, por haber intentado engañar la administración, ha precisado el diputado de MÉS.

Además, según ha indicado, se mejora la definición de canal de comercialización turística, que ahora incluirá las empresas inmobiliarias y otras empresas de intermediación que en la actualidad están "haciendo el agosto" con el alquiler turístico, y también se ha añadido la sanción "muy grave" para las plataformas digitales, por el hecho de comercializar viviendas que no hayan sido inscritos en el correspondiente registro, con multas de hasta 400.000 euros.

"Para evitar la especulación y la concentración, se limita a 3 el número de viviendas que un solo propietario podrá comercializar como establecimiento de alquiler turístico" y se modifica la normativa del Impuesto de Turismo Sostenible para que los fondos también se puedan destinar a la rehabilitación de viviendas para alquiler social con criterios de eficiencia energética.

Además, la nueva normativa deroga las disposiciones de la 'Ley Delgado' de 2012 que habían quedado suspendidas, de tal manera que se acaba con las excepciones para los establecimientos hoteleros, grandes equipamientos deportivos u otras infraestructuras que amparadas en la "desestacionalización" se podían seguir haciendo en una clara demostración de urbanismo a la carta, ha añadido Rues.

Por último, según ha explicado, se mantiene el techo de plazas previsto en el proyecto de Ley, que incluye las plazas legales y las de la Bolsa de Plazas (Consorcio), con el apunte que las plazas dadas de alta mediante excepciones durante estos últimos años no pasan a la bolsa, por lo que cuando se den de baja implicarán un decrecimiento de plazas.

10. A propuesta del Ayuntamiento de Palma, y siempre que la zonificación lo permita, las familias podrán comercializar parte de la vivienda en la que vivan habitualmente con un máximo de 60 días al año. Estas plazas también computan a efectos de techo de plazas.

Finalmente, el diputado Reus ha lamentado que Podemos "aún no garantice la aprobación de la Ley con la excusa de una emergencia habitacional, que no han sido capaces de concretar en forma de propuesta política, sobre todo, cuando la aprobación de la ley implica en la práctica una moratoria, ya que durante un año no se podrán dar licencias, y esto es lo primero que hay ahora para detener la especulación con la vivienda, y en la Ley de vivienda es cuando nos toca luchar para garantizar el derecho de acceso a la vivienda", ha remarcado.