MÉS defiende que la ley turística "garantizará la convivencia"

PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha defendido este martes el anteproyecto de la ley turística presentado por el Govern, que ha calificado como "un paso valiente y necesario para poner orden en el sector", y ha destacado, entre otros aspectos, que "garantizará la convivencia" y "combatirá la economía sumergida".

Así se ha expresado MÉS en un comunicado en el que recalca el techo de plazas y la regulación del alquiler turístico como "herramientas para avanzar hacia un modelo turístico sostenible".

Según MÉS, el techo de plazas "implicará un decrecimiento respecto a la oferta existente" con el objetivo de lograr "equilibrio y sostenibilidad".

Además, la nueva ley "garantizará la convivencia" porque "los pisos tendrán que tener la autorización de la comunidad de vecinos" y combatirá la economía sumergida" ante el aumento de multas por alquiler turístico ilegal (entre 20.000 y 40.000 euros). Las webs que anuncien viviendas ilegales también serán sancionadas.

Por otro lado, MÉS ha subrayado que la norma "evitará la especulación" ya que las fincas tendrán que tener un mínimo de 10 años de antigüedad y las plazas de alquiler de pisos turísticos serán por 5 años.

MÉS también ha valorado que el borrador establece "requisitos de calidad y sostenibilidad", como que las viviendas turísticas tendrán que garantizar la accesibilidad y tendrán que tener certificado de eficiencia energética.

Asimismo, la formación ecosobiranista ha incidido en que el anteproyecto "incluye la protección del territorio" porque en el suelo rústico protegido queda excluido el alquiler turístico.

ACCESO A LA VIVIENDA

Paralelamente, MÉS ha asegurado que la nueva ley "garantizará el acceso a la vivienda" mediante las restricciones y a los requisitos que se ponen y con la zonificación que tendrán que hacer consells y Ayuntamiento de Palma.

Finalmente, MÉS ha apuntado que las administraciones que tienen las competencias en materia de territorio y urbanismo (especialmente los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma) podrán concretar el desarrollo de esta normativa "en función de la realidad de cada isla y de la realidad específica de Palma", mientras que el resto de ayuntamientos emitirán informes previos a los acuerdos de zonificación que tendrán que hacer los Consells.