MÉS denuncia informes "hechos a medida" para beneficiar a las constructoras de las autopistas

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado este martes informes "hechos a medida" para beneficiar a las constructoras de las autopistas de Ibiza y ha mantenido que las dos sentencias del Tribunal Supremo que condenan a Baleares a pagar más de 30 millones de euros se basan en actos fraudulentos.

En concreto, MÉS ha criticado que el informe de la Fundación Betancourt sobre las autopistas de Ibiza "fue pagado con dinero público para beneficiar a las constructoras".

Así se ha expresado la formación en un comunicado después de las comparecencias de este martes en la comisión parlamentaria que investiga el sobrecoste en las autopistas de Ibiza.

Este informe fue encargado por la conselleria de Obras Públicas en 2007 a la Fundación Betancourt, que depende de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Para MÉS, "el objetivo de este informe no era otro que considerar las manifestaciones" como "un sobrecoste no imputable a las empresas concesionarias".

Por otro lado, MÉS también ha puesto en cuestión el informe elaborado en 2013 por el director general de Obras Públicas, Carlos Jover, ya que "incluso la misma jefa de la abogacía de la comunidad autónoma, Antònia Perelló, llegó a insinuar negociaciones prohibidas a funcionarios".

La formación ecosoberanista también ha puesto en tela de juicio el informe elaborado por el ingeniero Antonio Sánchez Soliño, que ha comparecido este miércoles en el Parlament.

Al respecto, MÉS per Mallorca ha explicado que ha certificado ante notario que Samuel Carpintero López, "un nombre que se borró de la versión del informe entregado", es "no sólo miembro del mismo grupo de trabajo de la UPM y coautor de diferentes trabajos junto con Sánchez Soliño y López Corral, sino que los tres han sido beneficiarios de diferentes proyectos y encargos de las concesionarias" y que "los han regado de dinero posteriormente".

Con todo, MÉS ha argumentado que el Govern "encargó indirectamente a la propia empresa concesionaria un informe sobre las consecuencias de las manifestaciones que le afectaban".

Por ello, MÉS considera que en la adjudicación de este contrato se ha incurrido en malversación, prevaricación, fraude y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y estafa.