PALMA DE MALLORCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la Instrucción que impone el catalán como requisito obligatorio para los proveedores de servicios que quieran contratar con el Ayuntamiento, según ha informado la Fundación Círculo Balear (FNCB) que presentó una reclamación formal a la Abogacía del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Baleares.
Según han explicado, la entidad constitucionalista basa su reclamación en que la instrucción aprobada por el consistorio obliga a las empresas contratistas "a entregar toda la documentación técnica y los trabajos al menos en catalán".
Así, incluso las compañías subcontratadas deberán de usar esta lengua en rótulos, publicaciones, avisos y comunicaciones que se deriven del contrato, entre otros ámbitos.
El presidente de la FNCB, Jorge Campos, se muestra "satisfecho" con la respuesta del Gobierno y confía en que la demanda acabe con una sentencia que anule esta normativa anticonstitucional porque la considera "discriminatoria".
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