Considera necesario regular las relaciones de los diputados con grupos de interés que puedan influir en el proceso legislativo
PALMA DE MALLORCA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares, Jaume Far, ha elevado al Parlament una propuesta de modificación del reglamento de la Cámara con el objetivo de regular los obsequios a diputados y posibles conflictos de intereses, incluyendo las conocidas como 'puertas giratorias', además de dotarlo de un código de conducta de carácter vinculante.
La Oficina ha dirigido esta propuesta a la Mesa del Parlament solicitando que sea tramitada en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.
Tras analizar el reglamento vigente, Anticorrupción concluye que "su articulado contiene escasas normas sobre los deberes de los diputados en materia de ética pública, transparencia e integridad". "El cumplimiento de las pautas y principios éticos fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones", recalca.
SE INCLINA POR PROHIBIR LOS OBSEQUIOS
La propuesta de la Oficina plantea regular donaciones y regalos, ofertas de hospitalidad y distinciones a los diputados. Se inclina por la prohibición, pero dada la variedad de situaciones que pueden producirse, considera adecuado regular excepciones, como entregas por parte de otras instituciones públicas o viajes financiados por terceros para asistir a actividades como conferencias.
En cualquier caso, de existir dudas recomienda que el diputado no acepte el ofrecimiento, y ve "recomendable" que cualquier tipo de obsequio quede registrado de forma pública. También apuesta por determinar en qué casos los regalos deberían incorporarse al patrimonio de la Cámara.
CONFLICTOS DE INTERESES
En el escrito, la Oficina advierte de la necesidad de regular también posibles conflictos de intereses, que no siempre "implican la comisión de una infracción", aunque sí pueden constituir "la antesala de la violación de una norma".
Por eso, Far aboga por instituir un conjunto de reglas "destinadas a evitar que el interés particular de quien ejerce una función pública afecte a la realización del bien común". Con todo, avisa de que el Parlament tendrá que buscar cierto equilibrio, puesto que no es posible prohibir a los diputados que ejerzan cualquier actividad privada, "a causa de la naturaleza esencialmente temporal de su cargo".
Así, para este punto propone establecer "un régimen claro de incompatiblidades", definir los conflictos de intereses en el ámbito parlamentario, crear canales de comunicación para informar de un posible conflicto y determinar las medidas a adoptar cuando se produzca. Para ello, "se debería prever un órgano de asesoramiento confidencial".
Además, la Oficina Anticorrupción apuesta por regular y controlar las actividades posteriores al mandato, es decir, las llamadas 'puertas giratorias'.
Igualmente, pide introducir normas que aclaren cómo los miembros del Parlament se relacionan con grupos de interés que puedan influir en los procesos legislativos, para lo que plantea que cada diputado haga pública su agenda institucional, incluyendo este tipo de reuniones.
CÓDIGO ÉTICO
Por otra parte, Far advierte de la falta de un código de conducta aplicable a los legisladores autonómicos, a diferencia de lo que ocurre con los cargos públicos del Govern.
La Oficina Anticorrupción plantea que sean reglas de actuación "de carácter vinculante y no simplemente programático". Por ello, recalca que este código debería determinar qué órganos o instrumentos serán competentes para cumplir con las funciones y prever un régimen sancionador ante incumplimientos, así como mecanismos de revisión para actualizar el código.
El reglamento del Parlament ya fue modificado a finales de la pasada legislatura con el acuerdo de todos los grupos para introducir diferentes novedades: se redujo el tiempo de muchas intervenciones, se impidieron las preguntas de 'autobombo', reguló la participación por videoconferencia en comisiones y desarrolló la figura del diputado no adscrito.