PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament ha convalidado este martes con los votos a favor del PP y la abstención de la oposición el decreto que contempla una redistribución de algunos importes de la financiación estatal recibida por las distintas administraciones de Baleares para cubrir parcialmente la gratuidad del transporte público en el año 2023.
Este decreto modifica el decreto ley del anterior Govern de marzo de 2023 que establecía el reparto de la partida estatal de 43 millones de euros entre las distintas administraciones que gestionan los servicios de transporte público terrestre en el archipiélago.
En su intervención, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha explicado que se trata de un trámite necesario para proceder a la correcta justificación de dichos fondos ante el Ministerio de Transportes y que únicamente tiene que ver con redistribuir algunos de los importes que fueron asignados por el anterior Ejecutivo, mediante un decreto en marzo de 2023, para adecuar esa redistribución al gasto real que ha justificado cada administración.
Esta redistribución de las partidas asignadas a otras administraciones de las islas no es relevante en su cuantía, ya que en total suma poco más de 400.000 euros.
Mateo ha recordado que Baleares recibió una partida de 43 millones de euros para el año 2023 que resultó "claramente insuficiente" para cubrir la parte de la gratuidad que el Gobierno central debía cubrir con esta partida. Concretamente, para las administraciones de las Islas, cumplir con la medida adoptada por el Gobierno central ha supuesto, en el año 2023, un coste de más de 13 millones de euros por encima de la subvención recibida de 43 millones.
Según ha explicado el conseller, los algo más de 400.000 euros corresponden en total a los importes inferiores a los previstos que han justificado los consells de Ibiza y Menorca, respecto a los más de 5,5 millones y de 3,5 millones que les fueron asignados, respectivamente.
Por ello, se hace necesario modificar la distribución inicial y, siguiendo los criterios establecidos en aquel momento, se reasignan al resto de administraciones de las Islas que gestionan medios de transporte terrestre.