El Parlament pide más simplificación en la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía del Parlament ha a aprobado este jueves or unanimidad una iniciativa del PP instando al Gobierno central a revisar las bases reguladoras actuales con el objetivo de simplificar los procedimientos administrativos para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Proposición No de Ley (PNL), defendida por el 'popular' Jordi López, reclama igualmente el fomento de la digitalización de los procedimientos administrativos y la promoción de la utilización de plataformas digitales que agilicen la tramitación de solicitudes y el seguimiento de proyectos.

Al mismo tiempo, en virtud de la propuesta, la Cámara reclama mecanismos de evaluación y seguimiento continuo de las medidas implementadas y que se asegure que la simplificación administrativa se traduzca en una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de fondo.

En la misma sesión, también se ha dado luz verde a una iniciativa del PSIB, que ha defendido la diputada Malena Riudavets, para asegurar que en todos los procesos de contratación pública se cumplan estrictamente las directrices aprobadas en Consell de Govern para incorporar cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de condiciones.

La PNL insta al Govern a organizar jornadas de formación destinadas al personal técnico de las administraciones públicas para promover una comprensión adecuada de la importancia y los beneficios de la compra pública socialmente responsable y medioambientalmente sostenible.

También se pide que se establezca una cuota mínima de contratos públicos reservados para empresas de economía social, cooperativas y empresas de inserción, con el objetivo de promover su participación en la contratación pública e impulsar el desarrollo de un tejido empresarial socialmente responsable.

En virtud de la iniciativa aprobada este jueves, el Parlament insta al Ejecutivo autonómico a fomentar la inclusión, en los procesos de licitación, de criterios que valoren positivamente las empresas que demuestren experiencia y capacidad técnica en la implementación de prácticas de justicia social y sostenibilidad ambiental.