PALMA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Parlament ha leído este martes, previamente a celebrar el pleno, un manifiesto con el que ha rechazado la discriminación por identidad sexual, en el Día Internacional contra la Lgtbifobia, que se celebra este 17 de mayo.
A través de la lectura de este manifiesto, la Cámara ha recordado que cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, al coincidir con la fecha en la que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, poniendo fin a la percepción internacionalmente institucionalizada de la homosexualidad como "enfermedad susceptible de ser curada". Esto ocurrió en el año 1990. En España, el Gobierno adoptó oficialmente este Día Internacional en 2009.
Este año 2022, bajo el lema 'Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, Nuestros Derechos', las organizaciones internacionales para la defensa de los derechos del colectivo Lgtbi, han reclamado el derecho de todas las personas a expresar libremente la orientación y la identidad sexual sin sufrir por eso ningún tipo de violencia ni discriminación, exigiendo, además, el fin de las terapias de conversión y de la esterilización forzada de las personas trans e intersex.
"Los avances en los derechos del colectivo Lgtbi a escala global desde aquella decisión de la OMS de hace más de 30 años son notables y han servido para empoderar y proteger a las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en un gran número de países", destaca el manifiesto leído este martes en el Parlament.
Así, según los datos del último informe 'Homofobia de Estado' de la asociación internacional en defensa de los derechos del colectivo Lgtbi y que tiene carácter consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU y del Consejo de Europa (ILGA) actualmente 58 estados y 28 jurisdicciones no independientes incorporan, a sus legislaciones, disposiciones que confieren una amplia protección contra la discriminación basada en la orientación sexual.
"Hoy en día, centenares de millones de personas viven en países donde se protege el derecho a querer libremente; pero por desgracia todavía son más los países en los que se persigue y se criminaliza a este colectivo", lamenta el manifiesto, donde se apunta que, según el mismo informe de ILGA, el más extenso recopilatorio anual de derechos del colectivo en el ámbito global, a estas alturas existen 69 Estados con disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo.
Además, añade el manifiesto, en seis países, la pena de muerte es el castigo legalmente prescrito para relaciones sexuales homosexuales mientras que, en otros cinco, varias fuentes informan que podría imponerse la misma pena.
"España se convirtió en referente internacional en materia de protección de derechos del colectivo gracias a la Ley del Matrimonio Igualitario, la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, o las diferentes leyes Lgtbi y trans que se han ido aprobando en las Comunidades Autónomas. Baleares somos un ejemplo con la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la Lgtbifobia", destaca.
"España es el octavo país del mundo en esta materia, pero tenemos que aspirar a más, por eso son muy importantes iniciativas como la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en las Cortes Generales, así como la próxima ley Lgtbi y Trans", añade.
El Parlament, como el reza el manifiesto leído este martes, "es consciente de la importancia de los avances que se han realizado, pero también sabe que todavía se está lejos del objetivo final, que no es otro que el fin de los delitos de odio y la discriminación a los que diariamente se enfrentan las personas del colectivo Lgtbi".
De este modo, y pese a que todavía falta conocer la distribución por tipologías, se sabe que el pasado 2021 se produjo un incremento del total de los delitos de odio de más del 40% respecto al 2020, recibiendo, según datos del Ministerio del Interior, 1.802 denuncias por delitos de odio --530 más que el año anterior-- lo que supone un "triste" récord en la serie histórica desde que se contabilizan estos hechos.
Es "imprescindible" señalar que, además, en torno al 90% de estos delitos se quedan sin denunciar, como muestra la encuesta sobre delitos de odio del Ministerio del Interior realizada en 2021.
Esta encuesta también muestra que es "totalmente necesario" reforzar y mejorar los protocolos de atención a las víctimas, la asistencia y el apoyo después de la agresión a las personas que denuncian algún delito de odio para que no quede ninguna violencia sin perseguir.
Ante estos resultados, el Ministerio del Interior presentó el pasado mes de abril el Segundo Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2022-2024 con el que pretende corregir todas estas deficiencias y hacer aflorar todos los delitos de odio que ocurren en realidad, garantizando un trato adecuado a las víctimas y creando unidades específicas dentro de la policía para combatir estos delitos.
El plan, que está dotado con más de un millón de euros, comprende ocho líneas de acción que tienen a las víctimas de los delitos de odio como eje prioritario; y por eso, y a la vista de los resultados del estudio, tres de estas líneas son: mejorar la asistencia y el apoyo a las víctimas; impulsar la formación, la sensibilización y la concienciación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incentivar la participación, la colaboración y las actividades con las organizaciones del tercer sector encaminadas hacia la mejora constante en la lucha contra los delitos de odio.
Por todo lo previamente expuesto, el Parlament balear ha rechazado y condenado cualquier forma de discriminación, agresión o violencia hacia las personas con motivo de su orientación o identidad sexual y ha solicitado la colaboración de toda la ciudadanía de las Islas para denunciar estas situaciones y para evitar situaciones en complicidad con los agresores y facilitar la máxima solidaridad y ayuda a las víctimas.
Igualmente, el Parlament ha pedido a todas las Administraciones competentes incentivar la participación, la colaboración y las actividades con las organizaciones del colectivo Lgtbi que trabajan con las víctimas de los delitos de odio; impulsar la formación, sensibilización y concienciación de los miembros de las diferentes Administraciones implicadas en el proceso de atención y apoyo a las víctimas de Lgtbifobia; personarse como acusación popular en los asesinatos motivados por la Lgtbifobia y prohibir expresamente la realización de terapias de conversión de la orientación y la identidad sexual.