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La delegada de Europa Press de Palma de Mallorca, Antonia López (1i), acude junto a la periodista de la misma agencia, Blanca Pou (2i), al juicio por el 'caso Móviles'. - Isaac Buj - Europa Press
Actualizado: jueves, 27 febrero 2020 22:38

Me dijeron: "Aquí se investiga un delito y con lo cual tu secreto profesional pasa a un segundo plano"

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)

La periodista de Europa Press Blanca Pou, que ha declarado este jueves como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) por el 'caso Móviles', ha explicado que la Policía accedió a su móvil durante el registro a Europa Press.

Pou fue una de los dos periodistas afectados por la orden del juez Miguel Florit, que en diciembre de 2018, pidió a la Policía que se incautara de su terminal móvil para investigar el origen de una información periodística relacionada con el 'caso Cursach'.

Durante su declaración, ha explicado también que antes de que le requisaran su teléfono móvil personal, dos ordenadores, un 'pendrive' y distinta documentación en papel pidió hablar con la asesoría jurídica de su empresa pero los agentes policiales se lo impidieron. "Tú no tienes que hablar nada, esto es la ley", le dijeron, ha explicado la redactora antes de decir que le insistieron con que tenían una orden judicial.

Ante esto, Pou les dijo a los agentes que, si actuaban de esa manera, su secreto profesional "quedaba en papel mojado" y estos le respondieron que "aquí se investiga un delito y con lo cual tu secreto profesional pasa a un segundo plano".

Pou también ha relatado cómo uno de los agentes navegó en el menú de su dispositivo móvil. Según ha precisado, no sabe si miró el contenido de sus 'whatsapps' pero sí que "accedió a la caja fuerte del teléfono" y para llegar hasta ese apartado hay que realizar varios pasos, ha precisado.

Cabe recordar que la defensa de los medios afectados --Europa Press y 'Diario de Mallorca'--, así como los dos periodistas --Pou y Kiko Mestre-- presentaron una querella contra Florit en la que le piden penas que suman 42 años de inhabilitación por vulnerar el secreto profesional, la interceptación de las comunicaciones, prevaricación, y un delito contra la inviolabilidad del domicilio.

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