El PP dice que la sentencia del caso senderismo "salpica de pleno a Armengol" como expresidenta del Consell de Mallorca

Riera exige a Armengol que "pida perdón por delitos cometidos por un gobierno insular nombrado por ella"

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha sostenido este lunes que la sentencia del caso senderismo "salpica de pleno" a la actualmente presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, porque era la presidenta del Consell cuando ocurrieron los hechos juzgados.

Riera ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa convocada tras la vista judicial en la que se ha formalizado un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y el resto de partes. En virtud del pacto, varias personas, entre ellas la exvicepresidenta y exconsellera de Cultura Joana Llusa Mascaró (PSM), han aceptado condenas de nueve meses de prisión e inhabilitaciones por fraude y prevaricación.

Por ello, Riera ha asegurado que Armengol debe dar explicaciones sobre si sabía lo que estaba ocurriendo en el Consell durante su mandato, y en especial ha hecho hincapié en que entre los condenados haya cargos de confianza nombrados por ella.

"¿Estaba al corriente Armengol de lo que pasaba? ¿Sabía que se defraudaba dinero público dentro de las conselleries insulars? No sabemos qué es peor, que estuviera enterada y mirase a otro lado o no supiera lo que hacían sus consellers", ha reflexionado Riera.

En esta línea, Riera ha exigido a Armengol que "no se esconda" y que "pida perdón por delitos cometidos por un gobierno insular nombrado por ella", además de "dar explicaciones de todo lo que sabía".

La portavoz del PP ha subrayado que la condena es firme, al haberse conformado todas las partes implicadas reconociendo "un fraccionamiento de contratos para regar con dinero público a una entidad afín".

Riera ha insistido en que los hechos son "muy graves" y ha censurado que "nuevamente" Armengol "vuelve a estar salpicada de corrupción y chapuzas hechas por su gobierno", aludiendo al caso Multimedia --cuyo juicio ha sido señalado para 2024--, el caso contratos --que fue archivado-- o el caso Puertos, "que todavía está en el aire".

MASCARÓ DEFIENDE SU INOCENCIA A PESAR DE FIRMAR EL PACTO

A su salida de la Audiencia, en declaraciones a la prensa la exconsellera Mascaró ha defendido su inocencia a pesar de haber firmado el pacto con la Fiscalía, asegurando que lo ha hecho solamente por recomendación legal.

La Fiscalía pedía inicialmente penas que sumaban 32 años de cárcel, pero la causa se ha cerrado con penas de prisión sustituibles por multas. Además, han quedado absueltos el exgerente del Inestur, Antonio Oliver, y el responsable de la supervisión de contratos menores, Sebasti Amengual; y se han retirado las alusiones a los delitos de malversación de fondos y falsedad documental.

La causa comenzó a investigarse en el año 2013. La firma del acuerdo procesal implica que los condenados reconcoen que, en una reunión en dependencias de Inestur (Instituto de Estrategia Turística de Baleares) en 2008, se concertaron para favorecer a la asociación PAS Amics del Camí con fondos públicos, utilizando contratos y subvenciones de forma fraudulenta.

Por el delito de fraude, han sido condenados a nueve meses de prisión, cada uno, el jefe del área de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (IMET), Antonio Rebassa; la exvicepresidenta y exconsellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Joana Llusa Mascaró; el secretario general técnico del departamento de Cultura y Patrimonio del Consell, Joan Serra; y como cooperadores necesarios, el director de la asociación PAS-Amics del Camí, Lluis Planas, y el secretario y representante de la citada asociación en Mallorca, Emilio Gallardo.

Ninguno de ellos ingresará en prisión dado que las penas se han sustituido por multas que van de los 1.600 euros a los 2.700.

Mientras, por el delito de prevaricación, han sido condenados a penas de inhabilitación de dos años y dos meses para el ejercicio de cargos públicos relacionados con contratación y subvenciones, salvo los representantes de la asociación --que no son funcionarios ni ostentaban cargos públicos-- que quedan inhabilitados por un año y dos meses.

Además, los condenados han indemnizado a la Comunidad Autónoma con 42.120 euros, al Consell de Mallorca con 20.880 euros y al Ayuntamiento de Valldemossa con 3.591 euros.