PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP ha propuesto a los otros grupos parlamentarios introducir una modificación a la proposición de ley en tramitación parlamentaria relativa al sector del taxi y los vehículos de turismo con conductor (VTC) para evitar la posible llegada de VTC durante la temporada alta en Baleares provenientes de otras Comunidades Autónomas.
Según ha recordado la formación este lunes en una nota de prensa, el Govern anunció el pasado viernes que desde la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad habían trasladado al Gobierno central la "necesidad" de adoptar medidas estatales para evitar la posible llegada de VTC con autorizaciones concedidas en otras comunidades.
Sin embargo, desde el Govern trasladaron que si el Estado "no actuaba" y no tomaba medidas se negociaría una enmienda. Por ello, la formación ha planteado esta propuesta a los otros grupos parlamentarios y al sector del taxi, a partir del análisis de la sentencia del Tribunal Supremo, para aprobar una transacción en las enmiendas presentadas para suspender la realización de servicios de VTC en Baleares con autorizaciones de otras Comunidades Autónomas. De ser así, Baleares sería la primera comunidad en adoptar esta medida.
Los 'populares' han subrayado que el territorio balear es limitado y que es "indispensable" hacer un análisis del territorio para regular y ordenar autorizaciones y servicios de taxi y de VTC, refiriéndose, tanto de las propias, como las que pueden venir otras comunidades autónomas con autorización nacional.
Cabe recordar que la sentencia del Tribunal Supremo deja la puerta abierta a que aquellas solicitudes de autorizaciones hechas antes de septiembre de 2018 puedan realizar un 20 por ciento de sus servicios a otras CCAA, tanto en trayectos urbanos como interurbanos.
Asimismo, el Supremo estima un recurso contra la denegación de 1.000 licencias VTC que adoptó la Comunidad de Madrid aplicando la limitación estatal de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. La resolución va en línea con la sentencia del TJUE que también cuestiona la limitación de la ratio 1/30 fijada en España en la normativa estatal aprobada en 2018.
La sentencia del Supremo aclara que anular la denegación no supone la concesión de las 1.000 licencias, sino que ordena que las solicitudes tengan que ser tramitadas nuevamente y en base a la normativa aplicable en el momento en que se hizo la solicitud, sin poder aplicar la limitación 1/30 fijada por el Gobierno central.
Se trata de autorizaciones solicitadas antes de la entrada en vigor del Real Decreto estatal del año 2018, la llamada Ley Ábalos, cuando las solicitudes de VTC eran nacionales y no se limitaba el inicio del recorrido en la Comunidad Autónoma donde estaban domiciliadas.
A pesar de que se trata de una sentencia relativa a otra comunidad, han alertado que la resolución del Supremo puede tener efectos en Baleares y en el conjunto de España, especialmente en el caso de un territorio limitado como las Islas y durante la temporada alta, por el impacto de una llegada de VTC en la frecuente congestión del tráfico durante el verano.
Por eso, el Govern ha asegurado que tomará "todas las medidas posibles dentro de sus competencias" para regular de forma equilibrada el servicio del taxi y los VTC y evitar una avalancha de autorizaciones de VTC no asumible en el territorio insular.
Por otra parte, han hecho referencia al paquete de enmiendas presentado por PP y Vox durante la tramitación parlamentaria de la ley del taxi que tienen como objetivo mejorar el servicio de taxi y su competitividad, garantizando el servicio en todas las zonas y franjas horarias, y regular las autorizaciones de los VTC desde el respecto a la libertad de empresa y con unas limitaciones.
En esta línea, han considerado que la regulación de autorizaciones de los VTC es "indispensable" para evitar un avalancha de nuevas licencias de este tipo en las Islas, recordando que durante el 2023, ante la posibilidad de cambios legislativos, se han presentado más de 10.000 solicitudes de nuevas autorizaciones de VTC.
Entre otras medidas, en las enmiendas presentadas por PP y Vox se incluye la suspensión temporal de concesión de nuevas licencias de taxi y de VTC en el archipiélago hasta que no se apruebe un decreto que establezca los criterios para su concesión.