PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP se ha mostrado "tranquilo" ante el recurso que está previsto que el próximo jueves interpongan ante el Tribunal Constitucional (TC) la treintena de entidades que forman parte del Fòrum de la Societat Civil contra la ley de simplificación administrativa y las legalizaciones en rústico derivadas de la norma.
Lo ha asegurado este miércoles en una rueda de prensa la portavoz adjunta del grupo parlamentario 'popular', Marga Durán, al ser preguntada por el anuncio realizado por las entidades minutos antes.
"El PP está tranquilo", se ha limitado a decir Durán sobre el recurso de inconstitucionalidad, al que se han sumado formaciones como el PSIB, MÉS per Mallorca y Podemos y organizaciones como el GOB, entre otras.
La diputada 'popular' se ha mostrado sorprendida por el hecho de que los socialistas se adhieran a esta iniciativa cuando tanto el Gobierno estatal como la Abogacía del Estado "han avalado todas las medidas" que contiene el texto legislativo, que fue aprobado por el Parlament.
"El PSIB tendrá que explicar por qué Pedro Sánchez y la Abogacía han avalado las medidas y ellos quieren presentar el recurso. Si lo quieren hacer que lo hagan, solo faltaría, nosotros en eso no entramos", ha apuntado.
Durán ha aseverado que los socialistas ya presentaron al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que tomara medidas cautelares para frenar la norma, pero que sus pretensiones fueron desestimadas la pasada semana.
"La ley continúa activa, continúa adelante, y es respetable que los grupos políticos presenten recursos ahí donde consideren", ha zanjado.
El recurso de inconstitucionalidad ha sido anunciado la mañana de este miércoles en una rueda de prensa en la que se ha calificado la ley de simplificación administrativa y las legalizaciones en rústico que ésta permite como "la mayor operación especulativa de los últimos años en Baleares".
El objetivo de la iniciativa, han explicado sus impulsores, es dejar patente el frente amplio y común "contra las políticas desrreguladoras del Govern, que representan una regresión en materia de protección territorial y ambiental sin precedentes".
El recurso parte de dos bloques de inconstitucionalidad y se refiere especialmente al proceso de legalización general de inmuebles y usos irregulares y la figura del silencio positivo que, a su juicio, favorece aún más las legalizaciones. Se pone en cuestión, igualmente, la posibilidad de que las legalizaciones puedan acabar dedicándose al alquiler turístico.