El PSIB critica el "retroceso en calidad democrática" que supondrá eliminar la Oficina Anticorrupción

   PALMA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El PSIB-PSOE ha criticado el "retroceso en calidad democrática, transparencia y buen gobierno" que supone la Proposición de Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Balears, presentada por el PP, que quiere eliminar la Oficina Anticorrupción.

   El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, se ha pronunciado así este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha denunciado que con esta Proposición de Ley "no solo se suprime la Oficina Anticorrupción y, por tanto, la capacidad de poder ejercer medidas preventivas, sino que además restringe a los ciudadanos poder acceder a información, en el momento en que las declaraciones de bienes dejarán de ser públicas, también para los medios, elimina el anonimato de las denuncias que un ciudadano puede presentar y los conflictos de intereses, en este caso de incompatibilidades, los resolverá el Consell de Govern que, además se atribuye la resolución de los expedientes actualmente abiertos".

   Todo esto, que ha lamentado Pons, "no forma parte del programa de gobierno del PP, ni de los acuerdos de éste con Vox" y "es contrario a la normativa europea y estatal, que protege a las personas informantes en casos de lucha contra la corrupción" supone "volver a un marco jurídico de 15 años atrás" que "permitió que el peor gobierno en Baleares, el de la corrupción campando a sus anchas y provocando consecuencias que, aún a día de hoy, se están pagando".

   Por todo ello, el portavoz adjunto del Grupo Socialista ha anunciado una enmienda a la totalidad a la Proposición de Ley de Transparencia y Control de Cargos Públicos de Balears, presentada por el PP, además de una serie de enmiendas parciales de supresión de todos los artículos, acompañadas de enmiendas de sustitución, de mínimos, que "garanticen la calidad democrática" en esta Comunidad Autónoma frente a la "inestabilidad e inoperatividad" que está teniendo lugar en administraciones como los consells insulares de Formentera y Menorca y, también, según Pons, en el propio Govern.