PSIB presenta varias medidas en el Consell y Cort para combatir el sinhogarismo y la dificultad de acceso a la vivienda

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos socialistas en el Consell de Mallorca y en el Ayuntamiento de Palma han presentado varias medidas para combatir el sinhogarismo y paliar la dificultad de acceso a la vivienda.

En concreto, los socialistas han presentado mociones en los plenos insular y municipal para "reconducir las políticas erráticas de la ultraderecha en materia de vivienda", según ha señalado el PSIB en una nota de prensa.

En este sentido, proponen medidas como limitar los precios de alquiler como permite la ley estatal de vivienda, el enderezamiento del programa 'Alquiler seguro' y la potenciación de programas como el 'housing' y la colaboración de ayuntamientos para aportar solares urbanos para la construcción de vivienda social.

Según el PSIB, la falta de vivienda digna a precio razonable es una de las principales preocupaciones de gran parte de la población desde hace años y cada vez son más los colectivos que se encuentran ante la imposibilidad de poder vivir en un espacio digno.

Asimismo, han subrayado que este fenómeno no afecta solo a personas en riesgo de exclusión social, sino que las entidades del tercer sector ya advierten que trabajadores con salario fijo y contrato más o menos regular no pueden seguir pagando el alquiler o la hipoteca.

Ante este contexto, los grupos socialistas han criticado la "falta de incitativa alarmante" por parte del Govern y del Consell. "Es sorprendente que PPVox no apueste por la mejora de las condiciones del acceso a la vivienda, porque el presupuesto del Consell 2025 no incluye ninguna partida", ha señalado el portavoz adjunto del PSIB en el Consell, Javier de Juan.

Los socialistas han presentado enmiendas al presupuesto del Consell por valor de ocho millones de euros por temas relacionados con la vivienda en Mallorca. Concretamente, proponen destinar dos millones de euros a ayudas de acceso a la vivienda social, cinco millones al impulso de la vivienda social y un millón a la vivienda para jóvenes.

Por su parte, el diputado del PSIB en el Parlament, Omar Lamin, ha considerado que en lugar de potenciar las políticas de fomento de viviendas de protección oficial (VPO), estas se han "retardado". "No se completan las promociones iniciadas en la pasada legislatura, la entrega de llaves se retarda y las expectativas de las familias que tenían que acceder a las viviendas se frustran", ha criticado.

En relación con el programa 'Alquiler seguro', los socialistas han subrayado que "tampoco es ninguna solución para gran parte del colectivo". A su parecer, el programa prima los intereses de los propietarios y mediadores por encima del derecho a tener una vivienda digna.

Para Lamin, PP y Vox no aplican la ley estatal de vivienda por "cabezonería", puesto que "no se entiende que una medida que ya está siendo eficaz en otros sitios de España para contener la subida de los precios de alquiler en zonas tensionadas, como Mallorca, no pueda ser aplicada en Baleares, simplemente por que supone dar el brazo a torcer ante un gobierno socialista".

Por su parte, el portavoz del PSOE Palma, Xisco Ducrós, ha destacado la importancia de dar respuesta a las necesidades y preocupaciones de la vivienda, puesto que el derecho a una vivienda digna es fundamental.

"Palma está expulsando a las personas, es hora de cambiar las cosas porque tenemos derecho a vivir en nuestra ciudad", ha reivindicado, apelando a las administraciones a actuar. Según Ducrós, no se está dando "la respuesta que se necesita".

Como ejemplo, el socialista ha criticado la "falta de gestión" del PP en Cort, señalando que han recortado más de medio millón de euros del presupuesto para ayudas urgentes en materia de vivienda para el año que viene. "Es un despropósito", ha concluido.

Por ello, presentan una doble propuesta en el pleno de noviembre para duplicar el número de plazas del Servicio de Acogida Municipal para familias en situación de emergencia social con hijos a su cargo; actualizar la cartera de servicios sociales para adaptarla a la nueva realidad de emergencia social y habitacional; declarar Palma zona tensionada y limitar los precios y entregar el centenar de viviendas públicas que están finalizadas y vacías o con las obras paradas.