El PSOE presenta una iniciativa en el Congreso para prohibir las prospecciones en el mar

PALMA DE MALLORCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados ha presentado este viernes una Proposición de Ley para prohibir las prospecciones de hidrocarburos en aguas bajo jurisdicción española, tras el veto a la propuesta aprobada por el Parlament balear en la misma línea.

La proposición de ley pretende proteger el ecosistema marino del posible deterioro que pueden producir las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales.

Los diputados socialistas por Baleares Pere Joan Pons y Sofía Hernanz han incidido en que se trata de una iniciativa "importante para las Islas" que "cuenta con el apoyo de toda la sociedad".

"Se demuestra nuestro compromiso real y sincero para acabar con la amenaza de las prospecciones petrolíferas en Baleares y en toda España", han explicado los diputados, que han apuntado que la propuesta "va en el mismo sentido que la iniciativa legislativa popular que se aprobó en el Parlamento de Baleares por unanimidad y que bloqueó la Mesa del Congreso".

Tanto Pons como Hernanz han reafirmado el compromiso de los socialistas con la protección del medio ambiente. Por su parte, la portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Lucio, ha recalcado que "las perforaciones en el fondo marino no son actividades seguras y suponen una seria amenaza para los ecosistemas y su fauna".

La portavoz socialista de Energía ha añadido que existen muchos permisos de investigación y autorizaciones de prospecciones petrolíferas para la exploración de hidrocarburos "que representan una serio riesgo para el medio ambiente y deberían desarrollarse con mayor seguridad". Por ello, la iniciativa prohíbe la exploración mediante adquisiciones sísmicas, cualquiera que sea su finalidad, a no ser que se utilicen tecnologías cuya "completa inocuidad" haya quedado "científicamente demostrada".

Lucio ha recordado que España es parte firmante de la mayoría de acuerdos internacionales de protección del medio marino y, que como miembro de la Unión Europea, ha adaptado su ordenamiento jurídicos a las normas comunitarias de protección de la biodiversidad.