Ruth Mateu declara en el Juzgado que no era consellera cuando se hizo el contrato con Jaume Garau denunciado por el PP

Se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos al exjefe de campaña de MÉS

PALMA DE MALLORCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Transparencia, Cultura y Deportes del Govern, Ruth Mateu, ha declarado este viernes, en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, que no ocupaba el cargo cuando se realizó el contrato denunciado por el PP, por el que está siendo investigada.

La consellera y el exdirector general de Cultura, Jaume Gomila, estaban citados este viernes en el Juzgado de Instrucción número 12 a raíz de la querella que presentó el PP. La querella considera delictivos unos contratos firmados con empresas de Jaume Garau, quien había sido el jefe de campaña de MÉS per Mallorca en las elecciones de 2015.

Al comenzar la comparecencia, la juez ha realizado las habituales preguntas para centrar el interrogatorio. En ese momento, Mateu ya ha indicado que no era la consellera de Cultura en el momento en el que se tramitó el contrato, en 2016, y que por tanto no participó en el mismo, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso.

Este hecho ha provocado que su interrogatorio fuera muy breve, y que la acusación le pudiera formular muy pocas preguntas.

Mateu, que actualmente es secretaria de programas y formación dentro de la ejecutiva de MÉS per Mallorca, sí ha puntualizado que conoce el contrato porque se informó al respecto a raíz de la querella. Se trata de un estudio sobre las preferencias del público de la Orquesta Sinfónica de Baleares.

A preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carrau, Mateu ha argumentado que no tendría sentido haber encargado este estudio a otro organismo como el Instituto Balear de Estadística (Ibestat). La exconsellera ha precisado que el Ibestat sólo recopila las estadísticas ya marcadas por su plan anual, y que para realizar un trabajo como éste tendría que subcontratarlo.

Así, la exconsellera ha razonado que elaborar el estudio desde el Ibestat no hubiera comportado un ahorro para las arcas públicas, dado que la única diferencia sería el órgano contratador.

GOMILA DEFIENDE LA UTILIDAD DEL CONTRATO

Por su parte, Jaume Gomila -que sí ocupaba el cargo de director cuando se hizo el contrato- ha negado cualquier irregularidad en el procedimiento y ha defendido su necesidad y utilidad. Así, ha señalado que como director general avaló la contratación.

Gomila ha argumentado que en aquel momento la Orquesta Sinfónica tenía un problema de audiencia y que por ello se decidió realizar un estudio sobre la opinión del público. La idea fue utilizarlo como base para diseñar una estrategia de atracción y fidelización de espectadores.

En este sentido, el exdirector general de Cultura del Govern se ha mostrado satisfecho con el resultado de este trabajo, resaltando que al cabo de un tiempo se duplicó el número de abonados y se consiguió "relanzar" la Sinfónica.

Igualmente, Gomila ha querido poner de manifiesto que la Orquesta no contaba con personal administrativo cualificado para poder llevar a cabo el estudio.

DOS DE LAS TRES EMPRESAS INVITADAS ESTABAN VINCULADAS A GARAU

El contrato denunciado era un contrato menor, de 17.500 euros más IVA. El límite para realizar este tipo de contratos, que no requieren publicidad ni concurrencia, está en 17.999 euros.

Se invitó a dos empresas, de las cuales dos estaban vinculadas a Jaume Garau, Regioplus y Consultores de Políticas Comunitarias (CPC). Ésta última, con la oferta más barata, fue la que resultó adjudicataria.

El conocido como 'caso Contratos' investiga la posible adjudicación irregular de diversos contratos desde instituciones públicas gestionadas por MÉS a Garau. Las actuaciones se incoaron en otro Juzgado, con una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, pero finalmente se archivaron en marzo de 2019.

Posteriormente, se abrió otra investigación a raíz de una querella del PP, dado que hacía referencia a cuatro contratos diferentes a los que ya se habían examinado.

Mateu, que sustituyó en el cargo a Esperana Camps, dimitió en marzo de 2017 por la polémica de los contratos. El pasado febrero también declararon como imputados Jaume Garau y el expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer.

Desde las defensas planean solicitar el sobreseimiento si en los próximos días no se retira la querella.