El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears muestra su apoyo a los compañeros Blanca Pou y Kiko Mestre

   PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) ha reiterado este lunes su condena a la incautación de teléfonos móviles de los dos periodistas y ha reclamado que la investigación sobre la vulneración del secreto profesional se lleve a sus últimas consecuencias "para que nunca se repita".

   Según ha informado el sindicato en un comunicado, quieren expresar de nuevo su respaldo a los compañeros Blanca Pou y Kiko Mestre, que este martes están citados a declarar como testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares por la incautación de sus teléfonos móviles el pasado diciembre.

   Los dos periodistas sufrieron una "vulneración inédita del secreto profesional", un derecho protegido por la Constitución, en una intervención policial que ordenó el juez Miguel Florit y fue amparada por el fiscal Anticorrupción Joan Carrau.

   Desde el Sindicato apuntan que este ataque al libre ejercicio del periodismo, condición esencial del Estado de derecho, "fue más allá de la requisa de los móviles", puesto que la Policía "registró y secuestró material de la delegación balear de la agencia Europa Press, trató de hacer lo mismo en Diario de Mallorca y controló las llamadas de los dos redactores, de otra informadora de la Agencia Efe y de las redacciones de los tres medios de comunicación".

   Estos hechos constituyen, según la agrupación de periodistas, un grave ataque al secreto profesional que, además de garantía constitucional que asiste a los periodistas, es esencial para preservar el derecho de toda la sociedad a recibir información veraz y relevante más allá de la que ofrecen las fuentes institucionales.

   Finalemente, el sindicato ha querido expresar que al margen de las complejas circunstancias del proceso judicial que dirige el juez que autorizó la vulneración del secreto profesional de los compañeros, el SPIB hace un llamamiento a toda la profesión a expresar su solidaridad a los periodistas afectados y confía en que la investigación "abierta por el Tribunal Superior de Baleares culmine con la reafirmación de que el secreto de las fuentes es un derecho profesional y colectivo que los poderes públicos tienen la obligación de respetar".