La Sindicatura de Cuentas pide a varios ayuntamientos de Baleares que constituyan asambleas ciudadanas del clima

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas ha pedido a los ayuntamientos de Alcúdia, Inca, Llucmajor, Manacor y Marratxí que constituyan asambleas ciudadanas del clima tras constatar falta de participación en la redacción de planes contra el cambio climático y para el impulso de las energías renovables.

Así consta en el Informe sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética de las entidades locales de Baleares correspondiente al ejercicio 2023 y en el que pide a los consistorios de Palma, que ya ha impulsado una primera fase, y Calvià que implanten zonas de bajas de emisiones.

La Sindicatura ha dado trasladado al Parlament del informe aprobado este lunes sobre los ayuntamientos de Alcúdia, Calvià, Ciutadella, Eivissa, Inca, Llucmajor, Manacor, Maó, Marratxí, Palma, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany y Santa Eulària des Riu.

El documento comprende una revisión de las actuaciones realizadas por las entidades locales respecto de la planificación de las medidas adoptadas en materia de ahorro y eficiencia energética, así como una fiscalización de cumplimiento.

En concreto, se centra en el análisis de los planes de acción por el clima y la energía sostenible (Paces) aprobados por las entidades adheridas al Pacto de Alcaldía, o de los planes generales de ahorro energético. También forman parte de la fiscalización los planes sectoriales o parciales aprobados por las entidades locales.

A 31 de diciembre de 2023, el único ayuntamiento que no se ha adherido al Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía es el de Santa Eulària des Riu, y, aunque el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia se ha adherido, no cuenta con un Paces.

Se ha constatado que el contenido del Paces de los 11 ayuntamientos restantes se ajusta a lo dispuesto en las normas que lo regulan. Los 11 ayuntamientos que han presentado Paces disponen del Inventario de emisiones de referencia y con la Evaluación de riesgo y vulnerabilidad preceptivos, y han implementado acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. Además, todos los ayuntamientos, excepto Manacor y Marratxí, llevan a cabo una acción, como mínimo, en materia de pobreza energética.

PLANES DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Teniendo en cuenta que la ley de cambio climático establece que los municipios de más de 50.000 habitantes han de adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), respecto a los tres municipios de Baleares que superan este umbral de población, Palma e Ibiza ya los han adoptado, mientras que Calvià lo tiene aprobado provisionalmente.

La misma norma dispone que los municipios de más de 20.000 habitantes han de aprobar el PMUS cuando superen los valores límites de los contaminantes regulados en el Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire.

Durante la fiscalización se ha constatado que el Ayuntamiento de Maó tiene aprobado definitivamente un PMUS, y que el de Alcúdia cuenta con uno provisional.

Por otra parte, los ayuntamientos de Maó y Palma tienen aprobado un Plan de mejora de la calidad del aire, herramienta de gran utilidad para garantizar la reducción de la contaminación atmosférica y el bienestar de la ciudadanía del municipio. A 31 de diciembre de 2023, ni Maó ni Palma superan ninguno de los valores límite de contaminantes.

En cuanto al Ayuntamiento de Marratxí, dispone de un Plan director de la bicicleta con los objetivos de integrar la bicicleta en el sistema de movilidad del municipio.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

Al mismo tiempo, el informe de la Sindicatura de Cuentas recuerda que la ley balear de cambio climático determina que las administraciones públicas han de llevar a cabo o contratar auditorías energéticas que han de incluir propuestas concretas de mejora de eficiencia energética para los edificios que ocupan o de los que son titulares y, además, han de implantar la figura del gestor energético.

Sobre esta cuestión, algunos ayuntamientos han realizado y realizan auditorías energéticas de sus edificios municipales, si bien no consta que ninguno haya llevado a cabo una auditoría energética para la totalidad de los edificios que ocupa o de los que es titular.

Todos los ayuntamientos fiscalizados, excepto Ibiza, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu, han nombrado gestor energético, aunque sólo en los casos de Alcúdia, Ciutadella, Llucmajor, Manacor y Maó ejecuta las funciones que tiene encomendadas.