Sólo 78 personas participan activamente en la evaluación del Proyecto de Ley de la Buena Administración y Buen Gobierno

PALMA DE MALLORCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sólo 78 personas han participado activamente y han realizado 302 intervenciones en el proceso de evaluación del Proyecto de Ley de la Buena Administración y el Buen Gobierno, impulsado por la Conselleria de Presidencia, si bien un total de 820 personas se han interesado por esta iniciativa puesta en marcha a través del red social Facebook, desde finales de julio hasta el 30 de septiembre.

En una rueda de prensa, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, ha asegurado que la participación ciudadana ha sido "importante" para poder generar un debate sobre este proyecto de ley, que actualmente está tramitando el Parlament. Asimismo, ha revelado que la mayoría de los que han participado ha considerado "necesaria" esta regulación, al tiempo que ha destacado que este procedimiento ha sido una "experiencia sin precedentes" y "original".

Para analizar los contenidos de este proyecto, la Direcció General de Qualitat dels Serveis invitó a participar a más de 400 asociaciones de las islas y a seis colectivos concretos -organizaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales, centros regionales, casas baleares del exterior y funcionarios-. De todos ellos, Moragues ha destacado que los funcionarios han sido los que más han contribuido en el proceso, aunque se ha mostrado "decepcionado" por la escasa participación del resto.

Como conclusión, el conseller ha remarcado que la participación ciudadana, a través de un debate abierto en la red social, ha ido "muy bien", aunque no ha resultado "tan buena" la contribución de asociaciones y colectivos.

En cuanto a las aportaciones generales extraídas del debate, Moragues ha subrayado que "muchos" de los participantes están desengañados con la clase política, pero la mayoría de ellos ve en la Ley una forma de controlar la corrupción y el derroche de dinero público. En el debate también se ha comentado que es "imprescindible" que los ciudadanos recuperen la credibilidad en la Administración.