Sumar pregunta al Gobierno cómo responderá a las pruebas para determinar la edad de migrantes que quiere Baleares

MADRID/PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sumar solicita al Gobierno que concrete las medidas que piensa adoptar en caso de que el Govern balear despliegue las pruebas dentales para determinar la edad de los migrantes en las islas, como demanda Vox al PP a cambio de apoyar los presupuestos autonómicos del año que viene.

Así lo plantean las diputadas del grupo plurinacional por la cuota de los 'comunes', Aina Vidal y Gala Pin, mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo.

Recientemente el Ejecuitivo autonómico manifestó que quiere que las pruebas dentales para determinar la edad de las personas migrantes que llegan a la comunidad se realicen de forma "permanente" y así se lo ofrecerán a la Fiscalía, quien debe ordenar estos procedimientos y con la que prevén reunirse próximamente.

Este tipo de prueba ya se realiza pero, según señaló el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, "se pide menos porque no es accesible y rápida". Por ello, el objetivo es dotar una partida presupuestaria para que sean "accesibles".

En la argumentación de su iniciativa, las dos diputadas de Sumar ahondan que la exigencia de la "extrema derecha" para las nuevas cuentas públicas en el archipiélago implica un "acuerdo político que utiliza a los menores más vulnerables y sus derechos para el rédito oportunista particular".

Por un lado, relatan, implica el hecho de que no se tenga en cuenta lo que establece la legislación vigente en esta materia, es decir, que no pueden aplicarse pruebas médicas "indiscriminadamente", y que debe atenderse siempre al principio de la "proporcionalidad". Y en caso de duda reiterativa mediante otros procedimientos "no invasivos y conforme al previo consentimiento y respeto a la dignidad".

Luego, enfatizan que la ley establece que la aplicación de pruebas o no en lo relativo a los menores extranjeros no acompañados es competencia del Ministerio Fiscal, no del Ejecutivo balear.

Además, la autorización de esos exámenes se realiza mediante acuerdo una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, siempre dando servicios de protección y asistencia.

"El problema de fondo, y no tanto de competencia, subyace en el propio procedimiento de determinación de edad, más allá de que pretenda aplicarlo una administración que no tiene potestad para hacerlo", agregan para desgranar, acto seguido, que Unicef España recalca que los menores que llegan a España "sufren la estigmatización por parte de algunos movimientos políticos y se enfrentan al riesgo de una devolución automática o una repatriación sin garantías".

Exponen que el protocolo marco para esas pruebas "genera dudas preocupantes", entre otras cosas por la fiabilidad de estos exámenes con una "divergencia importante en su aplicación y cuyo margen de error suele ser importante".

Por ello, preguntan qué medidas va a tomar para advertir, más allá de los medios de comunicación, de que no es competencia del Govern balear decidir sobre el uso de las pruebas médicas en la determinación de la edad de un menor extranjero, sino que recae en la Fiscalía.

También cuestionan si el Ejecutivo considera que debe cambiar el protocolo marco sobre actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados para adecuarse al principio del "interés superior del niño", y si considera que está garantizado con la aplicación de pruebas médicas para determinar la edad.