IBIZA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern, el Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep han trasladado su compromiso de facilitar, "lo antes posible", nuevas viviendas a las familias afectadas por el desalojo de los apartamentos Don Pepe, una vez que se hayan asegurado las garantías jurídicas y de legalidad de este procedimiento, comprometiéndose también a prorrogar las ayudas temporales al alquiler.
Así se lo han transmitido los representantes de las tres instituciones a las comunidades de propietarios de estos apartamentos, en la reunión que han mantenido este jueves en Sant Josep a través de la comisión de seguimiento de los Don Pepe.
Durante el encuentro, las instituciones han coincidido en expresar los mismos objetivos y compromisos, tales como ofrecer una solución definitiva "lo antes posible" y aportar "certezas" para transmitir "tranquilidad y seguridad" a las familias, por lo que se pretende cumplir con el protocolo general de actuaciones firmado y facilitar el realojo de las familias afectadas, con los informes técnicos que garanticen la legalidad de todas las actuaciones. Para ello se estudian diversas opciones y alternativas para ofrecer nuevas viviendas a las familias.
Tal como se ha comunicado a los representantes de los vecinos, la voluntad y el compromiso de las tres instituciones es volver a reunir la Comisión en un mes para poder presentar un cronograma de la hoja de ruta que se seguirá para dar respuesta y solución al problema existente y a la complejidad de los procedimientos relacionados.
En este sentido, se continúa el trabajo de revisión y análisis de las diferentes actuaciones y procedimientos iniciados, así como de las objeciones de carácter técnico al respecto.
A partir de aquí, se tomarán las decisiones para aportar una solución, "cuanto antes mejor", con opciones que estén avaladas por informes técnicos y jurídicos, mediante un trabajo "rápido" para dar una solución a las familias, según ha manifestado la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, quien ha participado en la comisión, junto con la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, y varios directores generales.
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha destacado que todas las administraciones implicadas han coincidido en la necesidad de comenzar "una nueva etapa de trabajo con seriedad y rigor", que "se aleje de declaraciones en prensa de unos y otros", que provocan "ruido y confusión" a los afectados por esta situación.
Al mismo tiempo, ha añadido que esta solución se tiene que basar en la "transparencia" y el "contacto directo" de los vecinos con las administraciones, para conocer de primera mano todas las novedades.
Para el alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicente Roig, es "importantísimo" este compromiso del Govern para poder seguir esta agenda de trabajo, con un cronograma de "certezas, realidades y hechos". Además, ha reivindicado que tanto las instituciones, como los vecinos de Don Pepe "necesitan hechos con garantías técnicas y jurídicas", para que el resultado sea "definitivo".
PRÓRROGA DE LAS AYUDAS AL ALQUILER HASTA 2026
Además, para dar "máxima seguridad a las familias", una de las medidas que se ha trasladado a los representantes de los vecinos es el compromiso del Govern de prorrogar las ayudas al alquiler a los afectados, al menos por un año más --hasta 2026--, tras tener en cuenta las peticiones de los vecinos, el Consistorio y el convenio vigente con el Ayuntamiento para la regulación de estas ayudas que finaliza el 30 de junio de 2025.
Durante el año 2023, se han abonado ayudas a 22 familias --con un total de 52 personas beneficiarias-- por un importe global de algo más de 280.000 euros, con las que se han podido cubrir mensualidades de alquiler, en algunos casos de 2022, pero principalmente del 2023 y hasta el mes de marzo de 2024.
Se trata de ayudas de entre 750 y 1.200 euros mensuales, cuantías que se determinan en función de si la beneficiaria es una persona sola --hasta 750 euros al mes--, dos personas --hasta 900 euros al mes-- o unidades de convivencia de más de dos personas --hasta 1.200 euros al mes--.