El Tribunal Superior de Baleares abre juicio oral contra el juez Florit por la incautación de móviles a periodistas

La instructora del caso le pide una fianza de 60.000 euros

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha notificado este viernes un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el magistrado Miguel Florit, y contra el Estado como responsable civil subsidiario, por la incautación de móviles a  redactores que cubrían el 'caso Cursach'.

Para asegurar las responsabilidades en esta causa, conocida como 'caso Móviles', la magistrada-instructora, Felisa Vidal, requiere al acusado para que preste una fianza de 60.116 euros.

La Sala Civil y Penal del TSJIB ha dado traslado al juez de una copia del escrito de acusación y de las actuaciones para que presente escrito de defensa. También emplaza a la Abogacía del Estado para que se persone en el procedimiento.

LA ACUSACIÓN PIDE 42 AÑOS DE INHABILITACIÓN

La representación de Europa Press, 'Diario de Mallorca' y EFE y los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre piden condenar al juez a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.

En su relato, la acusación particular de este caso, iniciado a raíz de la querella de Europa Press y 'Diario de Mallorca' por la incautación de los móviles, reseñan cuatro autos dictados por Florit como instructor de una pieza por revelación de secretos. La causa tenía como objeto investigar el origen de las informaciones publicadas en prensa sobre el 'caso Cursach', una macrocausa de corrupción.

En el escrito de acusación se nombran tres autos dictados en septiembre, octubre y noviembre de 2018, en los que Florit ordenó recabar de compañías telefónicas los listados de llamadas y geoposicionamientos de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre y de una redactora de EFE, así como del teléfono fijo de las agencias de noticias. En el caso de la periodista de Europa Press, se pidieron datos que abarcaban hasta enero de 2016.

Igualmente, la acusación particular cita el auto del 11 de diciembre de 2018 con el que Florit autorizaba la entrada y registro de las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca en Palma y ordenaba incautarse de los móviles y ordenadores de los dos redactores. Esta orden autorizaba estudiar sus whatsapps, correos electrónicos y redes sociales.

El mismo día, tres agentes de la Policía Nacional y una secretaria judicial se presentaron en la sede de Europa Press Baleares en Palma para exigir la entrega del material requerido. Se incautaron del teléfono móvil personal de la periodista, con su tarjeta SIM y SD, dos ordenadores sobremesa, un 'pendrive' y diversa documentación en papel, pese a que "se les manifestó, en reiteradas ocasiones, que dicha actuación violaba el secreto profesional periodístico", recalca el escrito de acusación. Además, los agentes de la Policía también intervinieron el teléfono del periodista de 'Diario de Mallorca'.

Todo este material quedó en poder de la Policía Nacional, que al día siguiente lo entregó al Juzgado a excepción de la documentación en papel. Los equipos electrónicos fueron devueltos el 4 de enero de 2019 y los papeles intervenidos en febrero de 2019, si bien fueron escaneados e incorporados a la pieza que instruía Florit en el Juzgado.

AUTOS "MANIFIESTAMENTE INJUSTOS"

La acusación sostiene que los autos "fueron dictados por el acusado con plena conciencia de que los mismos eran manifiestamente injustos y vulneraban el derecho al secreto profesional periodístico, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la inviolabilidad del domicilio".

Así, los periodistas imputan al juez un delito consumado continuado de prevaricación judicial, por el que piden 20 años de inhabilitación y una multa de 29.200 euros; dos delitos contra la inviolabilidad del domicilio, por el que piden, por cada uno, seis años de inhabilitación y multa de 14.600 euros; un delito consumado continuado contra el ejercicio de derechos cívicos -derecho al secreto profesional periodístico y derecho a la intimidad-, por el que piden cuatro años de inhabilitación; y un delito consumado continuado de interceptación ilegal de comunicaciones, por el que solicitan seis años de inhabilitación.