Vidal lamenta la "campaña de acoso" por el caso Metrovacesa y defiende su postura "desde la más absoluta imparcialidad"

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha lamentado la "brutal campaña de acoso y derribo" recibida por parte del Partido Socialista por el caso Metrovacesa y ha defendido su decisión de remitir el caso a Fiscalía "desde la más absoluta imparcialidad".

Así se ha expresado Vidal este martes durante una comparecencia ofrecida en el Parlament, que ha iniciado repasando titulares de medios de comunicación que demuestran "que el escándalo de Metrovacesa existía mucho antes" de que ella fuera consellera, según ha argumentado.

Durante su intervención, ha recordado que fue "un juez quien impidió al Govern anterior firmar la escritura" y que la decisión de revocar el acuerdo de tanteo se aprobó no por ella, "sino por el Consejo de Administración del Ibavi por unanimidad de sus miembros". También la consellera ha querido dejar "claro" que la propuesta de revocación iba precedida de informes jurídicos y "contundentes", y ha defendido su postura ante toda esta situación.

"En ningún momento, a pesar de que se ha intentado por todos los medios, he hecho ni una sola valoración. No he señalado a nadie, no he acusado a nadie, porque no me corresponde", ha insistido Vidal, indicando que la decisión de remitir el caso a Fiscalía se debió "al cumplimiento de una responsabilidad legal".

Seguidamente, la consellera ha expuesto las razones "de oportunidad y legalidad" que llevaron a revocar la compra de las 88 viviendas.

En primer lugar, ha indicado que, según expedientes, implicaba una pérdida de un déficit inicial de 5,8 millones de euros. Además, ha continuado, la documentación que en aquel momento constaba el expediente suponía un mayor coste para abonamiento del IVA, "todo esto por el capricho de firmar antes de que Prohens fuera presidenta cuando las viviendas no se podían ocupar".

"Se pretendía, entonces, la adquisición por un 40 por ciento más del precio máximo tasado por viviendas de protección oficial", ha sentenciado Vidal.

También la consellera ha mencionado los motivos de legalidad que llevaron a revocar el acuerdo, entre ellos que "se trataba de una operación deficitaria que vaciaba las arcas del Ibavi", que generaba un déficit inicial "más que sustancial" o que "contaba con informes técnicos desfavorables que exponían claramente que era una operación deficitaria".

Asimismo, ha recordado que no constaba ningún informe jurídico del Ibavi ni tampoco la memoria exigible para realizar los actos por parte de un gobierno en funciones, como era por aquel entonces el de Francina Armengol, y ha criticado, además, que se adoptó la decisión de formalizar la compraventa sin cumplirse los requisitos necesarios para que sean viviendas aptas para ser ocupadas.

"No dispusieron de licencia de primera ocupación ni de cédula de habitabilidad, siendo esta una condición estipulada en el contrato sobre el que hay que cumplir", ha censurado Vidal.

La consellera, por último, se ha referido a los motivos que le llevaron a remitir el caso a Fiscalía "desde la más absoluta imparcialidad" y sin hacer "ninguna valoración", porque "es muy serio acusar a alguien", ha reprochado a la oposición.

Así, ha dicho que el primer motivo que le generó dudas fue el hecho de "forzar la firma cuando no se cumplían las condiciones porque las viviendas no eran habitables", es decir, "no había urgencia ninguna".

También ha mencionado el informe económico que revelaba que "los ciudadanos de Baleares debían pagar por el capricho una diferencia de 2.736.017 euros", o el hecho de que la operación se realizara cuando estaban en funciones.

"¿Por qué, sabiendo que no se cumplía la ley y que no se podía hacer esta actuación sin una memoria que justificase la urgencia, querían tirar la operación adelante?", se ha preguntado la consellera, cuestionando así las "prisas" del anterior Govern para comprar los pisos.