La mujer ha vuelto a pedir perdón a algunos perjudicados y su pareja ha insistido en exculpar a su hija
PALMA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Baleares ha concluido el juicio contra la familia acusada de estafar a una quincena de personas, muchas de ellas del barrio de Son Gotleu, en operaciones inmobiliarias con las que habrían defraudado más de medio millón de euros.
La principal acusada es una mujer de 41 años que se hizo popular en barrios obreros de Palma por supuestamente conseguir hipotecas a personas con pocos recursos. Las acusaciones la sitúan como la líder del grupo que completan su marido (51) y su hija (23).
La fiscal pide para los padres una condena de ocho años de prisión y multa de 8.760 euros por un delito de estafa agravada. Para la hija plantea de forma alternativa una condena de tres años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales.
El juicio comenzó el pasado 17 de junio y ha quedado visto para sentencia este miércoles tras los informes de las partes y el turno de última palabra, que la mujer ha utilizado para reiterar las mismas ideas que en el interrogatorio, disculpándose con algunas de las víctimas.
En su declaración como acusada la mujer reconoció el fraude a algunos de los denunciantes --no a todos, a otros los acusó de mentir-- pero se excusó en que necesitaba urgentemente el dinero para pagar a unos peligrosos prestamistas que la acosaban. "Estaba en riesgo la vida de mis hijos", dijo. Este miércoles ha insistido en que no se quedó el dinero, señalando que de haberlo tenido no la habrían encontrado, al arrestarla, malviviendo en un coche con su familia.
El padre, por su parte, ha utilizado la última palabra para insistir en exculpar a su hija, coacusada por los movimientos bancarios en cuentas de su titularidad. El hombre ha reiterado que su hija no tuvo nada que ver en las operaciones, que confió en sus progenitores sin cuestionárselo y que ellos la engañaron.
En su informe, la defensa de la principal acusada ha negado que la mujer actuara con "maquinación premeditada" con la intención de llevar a las víctimas a "engaño de que iban a comprar", resaltando que "los inmuebles existían" y se visitaron.
"Las gestiones eran reales y los contactos con los bancos también", ha dicho el letrado, que ha reconocido que la operativa pudo ser, en todo caso, "cutre". Además, apelando a jurisprudencia del Tribunal Supremo, el abogado defensor ha planteado que los perjudicados "incumplieron el deber básico de autoprotección".
Muchas de las víctimas entregaron sus ahorros a la acusada en concepto de contratos de arras o reservas de pisos que nunca llegaron a comprar. Los que más fondos aportaron son un matrimonio que transfirió casi 150.000 euros que había reunido con préstamos de familiares para adquirir un piso a reformar; pensaban que el dinero se había destinado al banco propietario del inmueble, que los demandó por ocupación ilegal.
Todos coincidieron en señalar que cuando quisieron pedir explicaciones a la acusada fue imposible dar con ella. Había huido de la isla y fue detenida junto a su familia en una gasolinera de Zahara (Cádiz). La Policía Nacional los localizó por las señales de sus teléfonos móviles después de meses de búsqueda.
Una acusación particular también atribuye la estafa a un cuarto acusado, un hombre de origen marroquí que habría actuado como intermediario en una operación, al que la Fiscalía no incluye como responsable.
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