El 15M de Dilma Rousseff

MADRID, 21 Mar. (Bruno Broseta, doctor en Economía por la Universidad de California y profesor de la Universidad Europea) -

   El pasado 15 de marzo, más de un millón de brasileños se manifestaron en Sao Paulo --aproximadamente 2,2 millones en todo el país--, en la mayor protesta ciudadana desde el fin de la dictadura militar de 1985.

   Pero esta vez, con una diferencia importante: si las protestas más recientes, como las que coincidieron con el último Mundial de Fútbol, iban dirigidas en general contra la clase política y la exigencia de inversión pública de carácter social en vivienda y en educación, el 15M tenía dos destinatarios claros: la presidenta, Dilma Rousseff, y su partido, el de los Trabajadores (PT).

   Rousseff, que inició su segundo mandato el pasado 1 de enero, ve así comprometido el inicio de la legislatura con un fuerte descontento en las calles, con una tasa de aprobación en las encuestas de apenas el 13 por ciento y especialmente con un desplome del 50 por ciento en la valoración de su Gobierno por parte de los más desfavorecidos --aquellos con salarios inferiores a 250 euros--, que constituyen su electorado natural.

   Se enfrenta así a un clima de descontento político y polarización social, además de a una situación económica delicada y la parálisis política generada por las divergencias con sus socios de Gobierno --especialmente el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que lidera el Congreso y el Senado-- y el Partido Progresista (PP).

   Rousseff ganó las elecciones presidenciales de octubre de 2014 en segunda vuelta y por la mínima. Su oponente, Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) obtuvo el 48,3 por ciento de los votos, por lo que el PT mantuvo la Presidencia conseguida en 2002 por Lula da Silva por solo tres millones de votos, sobre un censo de 146 millones de votantes.

   Ante un país claramente dividido, en su toma de posesión Rousseff ahondó en los mensajes de su campaña: profundización en las políticas sociales iniciadas por Lula en 2002 --y que centraron su primer mandato-- y en la regeneración política.

MARCHA ATRÁS

   Pronto tuvo que renegar parcialmente del primero. El PIB de la séptima economía mundial ha pasado de crecer a una media anual del 4,1 por ciento durante el mandato de Lula da Silva (2003-2010) --con un máximo espectacular del 7,5 por ciento en 2010-- a la entrada en recesión prevista para 2015, el peor resultado de los últimos 25 años.

   La tasa de inflación interanual supera en febrero de este año el 7,7 por ciento, el déficit público asciende al 6,75 por ciento del PIB y aparece en el horizonte una posible revisión a la baja de los ratings  de la deuda soberana.

   Nada que ver con los tiempos de los BRICS, en los que Brasil era considerada como una de las principales economías emergentes. Ante este escenario, el ministro de Economía, Joaquim Levy, un liberal formado en la Escuela de Chicago, defiende un ajuste fiscal rápido basado en aumentos de la presión fiscal y recortes en el gasto. Evidentemente, nada del agrado de la base electoral del PT ni de sus socios de Gobierno, que se oponen a la aprobación de estas medidas desde la calle y desde el Poder Legislativo.

'LAVA JATO'

   En cuanto a las promesas de regeneración política entra en escena Petrobras, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. Petróleo Brasileiro SA, es una empresa mixta de propiedad mayoritariamente estatal --el 64,5 por ciento de su accionariado es público--, la mayor compañía de América Latina y una de las 500 mayores empresas del mundo, según el 'Financial Times'.

   En marzo de 2014 se hace público que la operación judicial 'Lava Jato' ("Lavacoches"), dirigida inicialmente contra el lavado de dinero,  descubre la existencia de una red corrupta de contratistas de Petrobras --principalmente empresas constructoras, ingenierías y astilleros-- que desviaron, con la colaboración de directivos de la compañía, más de 3.000 millones de euros en sobornos y comisiones. En estos momentos, varias decenas de implicados se encuentran formalmente imputados y en prisión.

   Más recientemente aparecen las ramificaciones de financiación ilegal a partidos políticos que afectan a todo el arco parlamentario, incluida  la coalición de Gobierno formada por el PT-PMDB-PP. El procurador federal, Rodrigo Janot, ha solicitado recientemente al Tribunal Supremo el inicio de una investigación que afectaría a decenas de políticos y parlamentarios.

   La "lista Janot" circula desde hace meses en la prensa nacional y en ella aparecen 22 diputados, 12 senadores y 14 ex diputados, incluidos 5 ex ministros y el ex presidente Fernando Collor de Mello. De estos 34 investigados, 33 pertenecerían a la coalición de Gobierno; entre ellos se encuentran los presidentes del Congreso y del Senado, ambos del PMDB.

   No son de extrañar los constantes cruces de acusaciones entre estos partidos y la consiguiente parálisis política que amenaza con bloquear las propuestas del Gobierno para corregir los desequilibrios macroeconómicos del país.

EN HORAS BAJAS

   Desde la Presidencia, Rousseff ha manifestado su apoyo a la investigación de la Procuraduría Federal, ha sustituido a la cúpula de Petrobras --dirigida ahora por un ex presidente del Banco Central-- y ha propuesto en los últimos días un paquete de medidas anticorrupción que ha calificado de "profunda reforma política".

   Por ahora, no se ha visto directamente implicada en el caso Petrobras, pero como ministra de Energía y Minas de Lula, presidió su Consejo de Administración entre 2003 y 2010, período en el que ocurrieron los hechos investigados. Y, según una encuesta (Datafolha) realizada el pasado mes de diciembre, el 68 por ciento de los encuestados piensan que tiene algún grado de responsabilidad en el caso.

   Brasil se enfrenta a la peor crisis económica y política de los últimos años, con la popularidad y credibilidad de su Presidencia bajo mínimos. De la iniciativa política de Rousseff, de la estabilidad de la coalición de Gobierno y de las medidas económicas que logre desarrollar dependerá el éxito de su segundo mandato. Pero a corto plazo, gran parte de la partida se seguirá jugando en las calles de Sao Paulo y el resto del país.