En 2015, casi un niño colombiano al día fue víctima de extorsión sexual

BOGOTÁ, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

En los últimos doce meses, Colombia ha sido escenario de más de 300 casos denunciados de menores de edad que habían sido víctimas de extorsión o chantaje sexual, conocido como 'sextorsión', según ha indicado el coronel Fredy Bautista, jefe de delitos informáticos de la Dijín --Dirección de Investigación Criminal e Interpol-- colombiana.

Esta práctica supone el intento de extorsión, chantaje o presión a una persona para que ésta envíe imágenes, fotografías o vídeos, con contenido sexual. "Es un ciberchantaje que sale de una conducta que se conoce como 'sexting', cuando una pareja comparte vídeos o fotos íntimas, luego uno de ellos las utiliza para afectar o atacar a cambio de dinero o como forma de venganza", asegura Bautista.

En 2015 fueron más de 300 los casos denunciados --a los que habría que sumar los casos no denunciados, difícilmente mensurables--. En lo que va de año, en tan solo 30 días, ya se han denunciado 17 casos.

Según estos datos, recogidos por Caracol Radio, la mayoría de las víctimas son niños de entre 10 y 15 años y sus agresores, jóvenes que no superan los 30, pero que conocen modos de acercarse a los menores a través de Internet y las redes sociales.

Bautista explica que los objetivos de esta práctica son diferentes, desde exigir dinero hasta pedir más contactos que puedan convertirse en nuevas víctimas, todo ello bajo amenaza de dar a conocer públicamente las imágenes.

Esta práctica está directamente relacionada con otra, conocida como 'grooming', que en palabras del coronel, define a la acción de un adulto que se hace pasar por niño en las redes sociales para poder acceder a imágenes privadas de otros menores de edad.

La Dijín ha advertido de que la 'sextorsión' puede llegar a convertir a los niños en esclavos sexuales y que, en algunos casos, del abuso virtual puede llegarse al abuso real.

El director nacional de Fiscalías, Luis González, ha asegurado que su objetivo es convertir la lucha contra esta práctica --supone penas de entre 10 y 25 años de prisión-- en su prioridad, sobre todo en casos en los que hay menores de edad involucrados.