Los 28 dan luz verde a una misión naval contra las mafias en el Mediterráneo

Mogherini espera que la misión se pueda lanzar en junio e insiste en que la destrucción de barcos es la tercera fase

BRUSELAS, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de la UE han acordado este lunes establecer una misión militar naval para contribuir a desmantelar el modelo de negocio de las redes criminales que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo aunque dejan claro que será necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU o el consentimiento de las autoridades libias para poder actuar en sus aguas territoriales o para poder deshacerse o inutilizar las embarcaciones utilizadas por las mafias.

"Se acaba de tomar la decisión de establecer una misión naval de la UE para desmantelar el modelo de negocio de los contrabandistas y redes de traficantes en el Mediterráneo", ha confirmado la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, a través de su cuenta de Twitter.

En una primera fase, la misión, bautizada EUNAVFOR MED y que estará dirigida por el contraalmirante italiano, Enrico Credendino, "apoyaría la detección y supervisión de las redes de migrantes" a través de la recogida de información y patrullas en alta mar de acuerdo con el Derecho Internacional pero sin necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tampoco la necesitaría para llevar a cabo "el abordaje, inspección, incautación y desvío en alta mar de embarcaciones sospechosas de ser utilizadas para el tráfico de personas y el contrabando" de acuerdo con el Derecho Internacional aunque sí se requeriría en el caso de que se hiciera en "aguas territoriales o aguas internas" del estado afectado, es decir Libia o bien contar con su "consentimiento", de acuerdo con el documento para establecer la misión.

DESTRUCCIÓN DE EMBARCACIONES

Aunque los Veintiocho evitan expresamente hablar de la posible destrucción de las embarcaciones utilizadas por las mafias, contemplan en una tercera fase "tomar todas las medidas necesarias contra una embarcación o sus activos relacionados" incluido deshaciéndose de ellos o haciéndoles inoperativos "en el territorio de ese país" de acuerdo con las condiciones que se fijen en una resolución del Consejo de la ONU o con el consentimiento del país.

"Hoy establecemos la misión en el entendimiento de que facilitará una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que es necesaria para las fases dos y tres", han resumido fuentes diplomáticas.

Mogherini, que ha asegurado en repetidas ocasiones que la misión no prevé el despliegue de militares en suelo libio, ha confiado en que la misión se pueda lanzar en junio, una vez se concluya la planificación de los detalles de la operación "en las próximas semanas".

La jefa de la diplomacia europea ha dejado claro que la "destrucción de barcos" se "refiere a la tercera fase de la operación" y ha insistido en que "el punto fundamental no es tanto la destrucción de las embarcaciones sino la destrucción del modelo de negocio" de las redes criminales y hacer "físicamente imposible" el uso de estas embarcaciones. "Queremos destruir los instrumentos que utilizan para enriquecerse", ha recalcado, insistiendo en la importancia de "neutralizarles" para que no se puedan volver a utilizar.

POSIBLE LANZAMIENTO EN JUNIO

Mogherini ha insistido en que espera que la misión se lance en la próxima reunión de ministros de Exteriores de junio, aunque ha admitido en que se puede "retrasar" dependiendo del proceso de generación de fuerzas y el trabajo para promover una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que autorice la misión.

También ha insistido en la importancia de implicar a las autoridades libias, no sólo a las autoridades reconocidas de Tobruk, sino también a las de Trípoli y Misrata y los municipios, que pueden ayudar a identificar estas redes.

Asimismo, ha apostado por reforzar la cooperación en la lucha contra los grupos terroristas con el Estado Islámico, aunque ha dejado claro que frenar su expansión en Libia sólo será posible con un Gobierno de unidad nacional, al tiempo que ha admitido la posibilidad de que parte de las ganancias de las redes que trafican con inmigrantes contribuyan a financiar operaciones terroristas.

La misión, con un mandato inicial de doce meses, contará con un presupuesto para costes comunes de 11,82 millones que cubrirán los dos meses iniciales para preparar su inicio y el año de mandato formal de la misión.

OFERTA DE ESPAÑA

España está dispuesta a ofrecer un Buque de Acción Marítima (BAM) con un helicóptero y un avión de reconocimiento para la posible operación militar naval de la Unión Europea (UE) contra las mafias que trafican con inmigrantes en el Mediterráneo, según ha anunciado este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo.

El jefe de la diplomacia española ha dejado claro que "no se ha hablado en ningún momento" de "fuerzas especiales en tierra" y ha precisado que la destrucción en tierra "de aquellas instalaciones" que sirven a las mafias o desde la que "zarpan los barcos" que se dedican al tráfico de personas "se haría desde el aire o desde el mar", recordando el "precedente más inmediato" de ataque aéreo contra instalaciones de piratas en Somalia en el marco de la misión Atalanta.

El secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Harlem Désir, ha defendido este lunes que "la neutralización de estos barcos" puede "ir hasta la destrucción de estas embarcaciones".

"Se puede poner fuera de su uso, neutralizar por ejemplo destruyendo los motores de estos barcos", ha explicado el francés, dejando claro que será la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU la que "definirá precisamente las condiciones en las cuáles esto se puede hacer".

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE reclamaron, en la cumbre extraordinaria del 23 de abril, preparar de inmediato una posible operación militar para "emprender labores sistemáticas de identificación, captura y destrucción de embarcaciones antes de que las utilicen los traficantes" en el Mediterráneo en el marco de la legalidad internacional en respuesta a la crisis migratoria, y acordaron triplicar la financiación para las operaciones de FRONTEX y aportar más barcos, aviones y personal.