Los 28 recuerdan que los refugiados que no colaboren en su identificación podrán ser detenidos

Exploran la creación de centros de registro y retención en países de tránsito y no solo de entrada a la UE

BRUSELAS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Interior de la Unión Europea han constatado este lunes que el programa para reubicar a 160.000 demandantes de asilo y otras medidas pactadas para frenar la crisis de refugiados no están teniendo el resultado esperado, por lo que han examinado alternativas y recordado que el derecho comunitario permite detener hasta 18 meses a los inmigrantes que no colaboren en su identificación y traslado.

Uno de los principales problemas que están encontrando los países de la UE para reubicar a los demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia es la negativa de estas personas a ser registradas e identificadas, por miedo a ser deportadas o trasladadas a un destino que no han elegido.

Varios de los asistentes a la reunión, incluido el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el titular luxemburgués y presidente de turno de la UE, Jean Asselborn, han advertido de que existe el "derecho al asilo en la UE", pero "no el derecho a elegir destino" entre los Estados miembros.

Por ello, los Veintiocho han puesto el acento en esta ocasión en las opciones que ofrece el "acervo comunitario" para superar una "eventual falta de cooperación", según explican en su texto de conclusiones.

El documento enumera como posibilidades el acelerar los procedimientos de asilo o tramitarlos en zonas fronterizas o de tránsito, rechazar las solicitudes del individuo en cuestión o aplicar "medidas coercitivas".

En este último caso, el derecho comunitario permite detener al inmigrante, sea demandante de asilo o no, durante un periodo máximo mientras se resuelve su expediente y en centros habilitados para ellos, no en prisiones. Se trata de una medida "de último recurso", aseguran los ministros, y que puede aplicarse durante un periodo de seis meses, prorrogable hasta los 18 meses.

La decisión de detener a quién no colabore recae sobre el Estado miembro, que debe examinar la situación "caso por caso", han recordado fuentes europeas.

Además, debe respetar en cualquier caso los derechos fundamentales del individuo, incluido el principio de 'non-refoulement' ('no devolución), por el que ningún inmigrante puede ser devuelto a una frontera en donde su libertad o seguridad se vean amenazadas.

CENTROS DE REGISTRO EN PAÍSES DE TRÁNSITO

Entre las novedades planteadas por los ministros, destaca el consenso para "explorar" la creación en los países de tránsito de "centros de acogida", a imagen de los 'hotspot' que se exigen a Italia y Grecia para que registren y retengan a los demandantes de asilo que reciben mientras se tramitan sus casos.

Se trata de ofrecer una alternativa en los países "en donde el enfoque de 'hotspot' no ha sido implementado", con el objetivo de "organizar el acceso a la protección internacional (en ese país) o su retorno", explica el texto de los Veintiocho.

Es una idea "por explorar" y que ha sido pensada para "ralentizar los flujos" migratorios, según ha explicado al término de la reunión Asselborn, que también ha avisado de que "no es realista" esperar que Grecia pueda atender y registrar la llegada de 10.000 inmigrantes diarios.

El ministro luxemburgués no ha ocultado el interés de controlar tanto el número de entradas como la identidad de quienes llegan: "Debemos saber quién llama a nuestra puerta".

Mientras, la plena operatividad de los 'hotspot' en Italia y Grecia sigue siendo un reto por cumplir, por lo que los Veintiocho han reiterado la urgencia de que su puesta en marcha se "intensifique" y estén todos activos antes de que acabe el mes.

Para ello, los dos países tendrán el apoyo de la Unión Europea y los Estados miembros tendrán que notificar antes del 16 de noviembre las plazas inmediatas de que disponen para "acelerar" la reubicación de los 160.000 refugiados, de los que tan solo se han realojado a 147.

Por otro lado, las delegaciones han reiterado la necesidad de incrementar la capacidad de acogida tanto en los Estados miembros como en terceros países, después de que los países más afectados por la llamada 'ruta de los Balcanes' ya se comprometieran a elevar esa capacidad hasta las 100.000 plazas, la mitad de ellas en Grecia.