Unas 600.000 personas no cobran su pensión por residir en la zona separatista de Ucrania

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 600.000 ciudadanos ucranianos han perdido su pensión o se ha visto suspendida desde diciembre de 2014, principalmente en las zonas controladas por los separatistas prorrusos en el este del país.

"Los ancianos que están en zonas no controladas por el Gobierno están entre los más vulnerables de la población civil, y para muchos de ellos la pensión es su principal medio de subsistencia. Es necesario tomar medidas para garantizar los derechos de esas personas", ha alertado el director del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) en Ucrania, Christopher Mehley.

Entre enero de 2016 y abril de 2017, el número de personas que reciben pensiones en la parte no controlada por el Gobierno en el este de Ucrania se redujo exponencialmente, en más de 560.000. Para recibirla, deberían trasladarse a las zonas controladas por el Gobierno y registrarse como desplazados internos.

"Las autoridades ucranianas deben hacer todo lo posible para que las pensiones no se ciñan a ser desplazado interno o residir en el territorio controlado por el Gobierno y se debe asegurar el pago de la pensión a aquellas personas que no puedan viajar a esas áreas. Ningún civil debe ser castigado por el lugar en que reside", ha defendido Mehley.

Por el momento, la mayoría de apelaciones han resultado a favor de los pensionistas, como Mijail, que reside en zona no controlada por el Gobierno y ha tenido que solicitar ante un tribunal la pensión que no recibía desde hace un año. Sin embargo, si continúa viviendo en esa zona su pensión le será retirada de nuevo y tendrá que volver a apelar.

"Como ciudadano de Ucrania, teniendo un pasaporte ucraniano y siendo contribuyente, tengo derecho a una pensión como cualquier ciudadano de Ucrania que resida en territorio controlado por el Gobierno" ha defendido Mijail.

Organizaciones internacionales y de la sociedad civil han contribuido a la elaboración de un procedimiento que podría implantarse para garantizar el pago de las pensiones para personas que viven en áreas no controladas por el Gobierno.