GINEBRA, 14 Oct. (Reuters/EP) -
Hasta 7.000 prisioneros permanecen en decenas de centros de detención improvisados en Libia casi dos meses después de que las fuerzas del Consejo Nacional de Transición (CNT) se hicieran con el control de Trípoli, en medio de serias de denuncias y algunas pruebas de tortura, según ha indicado la ONU este viernes.
Según ha explicado Mona Rishmawi, responsable de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, tras una visita de una semana a Libia, las autoridades del Gobierno interino carecen de un sistema claro para investigar los antecedentes y registrar a los detenidos, lo que abre la puerta a malos tratos.
Entre los prisioneros figuran personas detenidas en puestos de control sin documentos de identidad, presuntos mercenarios de varios países, combatientes gadafistas capturados en el campo de batalla o personas cuyos nombres aparecían en listas de personas buscadas, ha explicado en Ginebra.
"Hay miles de personas que están siendo retenidas, estamos hablando de un gran número, podría ser de hasta 7.000", ha señalado Rishmawi, que está al frente del departamento de estado de derecho de la oficina de Derechos Humanos.
"La mayoría de estas personas no han pasado por un proceso judicial, esto por supuesto es una receta para los abusos. Hay indicios de que están ocurriendo cosas muy serias", ha añadido. En total, según ella, se cree que hay 67 centros de detención improvisados en toda Libia, frente a las pocas prisiones centrales que hubo durante los 42 años de régimen de Muamar Gadafi.
"Creemos que la situación en las prisiones es que hay malos tratos, hay denuncias y pruebas de tortura. Sí, podemos decir eso", ha añadido Rishmawi. Según la responsable de la ONU, Libia carece de un sistema judicial coherente y centralizado que proteja los derechos de los prisioneros, si bien los jueces en Benghazi y Misrata están comenzando a revisar los casos.
"Es un reto clave y será incluso más desafiante cuando las dos grandes ciudades, Sirte y Bani Walid, caigan", ha advertido, en referencia a los dos últimos bastiones que siguen sin estar controlados por las fuerzas del CNT.
Según Rishmawi, sería equivocado asumir que todas las personas que siguen en Bani Walid son combatientes gadafistas, podría haber civiles que carecen de dinero o vehículos para huir o están demasiado enfermos para viajar.
"Actualmente podemos decir que el sistema que está en vigor no es adecuado. Hay mucho espacio para los abusos aunque creo que la política al más alto nivel es que 'no toleraremos la tortura, investigaremos'", ha opinado. Asimismo, ha indicado que la mayoría de los libios quieren que Gadafi y su familia sean juzgados. "Realmente quieren ver que llega ese día", ha aseverado.
Hanny Megally, jefe de la oficina de Derechos Humanos de la ONU para Asia, Pacífico, Oriente Próximo y el Norte de Africa, encabezó la misión a Libia, que se entrevistó con ministros del CNT, así como con activistas y abogados, y visitó algunas de las prisiones, pero no habló con los reclusos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha visitado al menos 40 instalaciones de detención libias, ha indicado su portavoz, Steven Anderson, este viernes a Reuters. Sus hallazgos confidenciales sobre las condiciones en dichos centros solo los comparten con las autoridades que tienen los detenidos.
Por su parte, Amnistía Internacional publicó un informe el miércoles en el que advertía de que los nuevos gobernantes del país corrían el riesgo de repetir los abusos a los Derechos Humanos que fueron corrientes bajo el régimen de Gadafi. El CNT ha dicho que revisará el informe.