Abogados de víctimas denuncian en la Eurocámara la represión de Rabat y recuerdan la responsabilidad de España

BRUSELAS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios abogados de victimas saharauis han denunciado en la Eurocámara las "detenciones, tortura y violencia" por parte de la Policía marroquí contra activistas del pueblo saharaui como ha ocurrido en el caso del joven Hassana Aalia y han criticado que la comunidad internacional parece amprar "la ilegalidad" para "no resolver el conflicto" saharaui, recalcando la especial responsabilidad de España como antigua potencial colonial.

"Cada uno de ellos representa la vulneración de los derechos de este pueblo y la situación de ilegalidad en la que la comunidad internacional parece estar colaborando para no resolver el conflicto", ha denunciado en rueda de prensa en la Eurocámara, Inés Miranda, abogada de la activista saharaui Aminatou Haidar y donde han participado en un Congreso de juristas sobre la situación de los saharauis.

La letrada ha insistido en la necesidad de "reconocer el derecho fundamental de todos los pueblos, que es el derecho a la libre determinación" y ha lamentado que la visita del Rey de Marruecos a los territorios ocupados con motivo del 40 aniversario de la Marcha Verde "ha conllevado detenciones y exigencias de manifestaciones de júbilo que no se han producido por parte de la población saharaui", al tiempo que ha denunciado el "discurso imperialista del 'o se está conmigo, o se está contra mí', que "ya utilizó el rey en 2009 cuando fue deportada Aminatou Haidar".

El secretario general de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara occidental, Felipe Briones, también ha denunciado "la represión" y "la falsa de los juicios a los activistas saharauis" y ha incidido en la especial responsabilidad de proteger a los activistas de España.

"La total responsabilidad respecto a la protección jurisdiccional de los derechos de los ciudadanos saharauis y de arropar a la población para que pueda ejercer ese libre derecho a la libre determinación correspondió y sigue correspondiendo al Estado español", ha recalcado Briones, que ha recordado que la legislación internacional y española reconoce que la presencia de Marruecos en el Sáhara occidental "es ilegal" y "no es una potencia colonizadora, son administradora de facto".

Javier Canivell, coordinador de CEAR Euskadi y abogado del joven activista Hassanna Aalia, que ha sido condenados dos veces por el mismo caso, ha lamentado que el Ministerio del Interior español le ha denegado este año la protección internacional que solicitó "sin cuestionar la sentencia del Tribunal Militar Permanente de Rabat" del año 2013 cuando "ha sido cuestionada unánimemente" por los organismos internacionales y los observadores que participaron en el juicio, incluido el relator de la ONU sobre tortura, que han denunciado la excepcionalidad del tribunal militar, "actas policiales falseadas", testimonios obtenidos "bajo tortura" y sin recurso de apelación.

Hassana Aalia, que llegó a España en 2011 para estudiar con una beca en Bilbao, fue condenado en ausencia a cadena perpetua por un tribunal militar marroquí en 2013 por participar en el campamento saharaui de protesta pacífica Gdeim Izik. Organismos y entidades nacionales e internacionales han denunciado que el procedimiento judicial no contó con las suficientes garantías.

Canivell ha denunciado que la decisión del Gobierno español "le pone en peligro de devolución" sabiendo que "a buen seguro sufriría" nuevas torturas tras recordar que desde los 17 años este activista a sufridos constantes "detenciones, tortura y violencia" de la policía marroquí y con ello incumple "las obligaciones" como signatario de la Convención de Ginebra, al tiempo que confiado en que la Audiencia Nacional resuelva pronto el recurso contencioso administrativo que interpusieron. "Entiendo que no tendrá una resolución muy demorada en el tiempo ya", ha explicado.

La eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, ha reclamado al Gobierno español que "asuma su responsabilidad en el Sáhara Occidental" y presione a Marruecos para que "cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas" y así "el pueblo saharaui pueda ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación", al tiempo que ha defendido la necesidad de visibilizar el conflicto y que la Eurocámara se comprometa también a respaldar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU.