MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un tercio de la mortalidad materna de Bolivia se debe a la creciente cantidad de abortos que se practican en condiciones de riesgo para sortear las restricciones legales a la interrupción del embarazo en el país andino, según ha denunciado Alianza por la Solidaridad.
En Bolivia se practican unos 180 abortos diarios, la mayoría "inseguros" porque --según la ONG--, pese a que el Código Penal permite interrumpir el embarazo en los supuestos de violación, incesto o estupor y riesgo para la salud o la vida madre, aún hay numerosos obstáculos.
"La Constitución reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, si bien el Código Penal limita el derecho al aborto a los tres casos mencionados", ha indicado la organización humanitaria en un comunicado.
Alianza por la Solidaridad ha explicado que, incluso cuando se trata de uno de estos tres supuestos, "las víctimas deben presentar una denuncia y demostrar su honorabilidad en un interrogatorio, por lo que muchas no denuncian".
A ello se suma que hasta febrero de 2014, cuando el Tribunal Constitucional fijó su postura sobre el tema, era obligatorio "contar con una resolución judicial para poder interrumpir un embarazo bajo los tres supuestos admitidos".
Según la Defensoría del Pueblo solo el año pasado hubo 326 denuncias de abuso sexual contra menores en Bolivia. El país andino "registra los mayores niveles de violencia física contra las mujeres y el segundo en violencia sexual, después de Haití, según datos de la ONU".
ÚLTIMO CASO
El debate sobre el aborto ha cobrado vigencia en Bolivia por el caso de una niña de 11 años de edad que se quedó embarazada hace dos meses al ser violada por un 'mototaxista' en la ciudad de Sucre, donde reside.
"Su familia ha iniciado ya los trámites para la interrupción del embarazo, una decisión apoyada desde las instituciones gubernamentales bolivianas", ha explicado Alianza por la Solidaridad.
La ONG ha reprochado la posición de la Iglesia Católica a pocos días de que el Papa Francisco visite Bolivia. En concreto, se ha referido a las declaraciones del arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Sergio Gualberti, que se ha mostrado en contra "pese a que los médicos han señalado que, de seguir adelante con este embarazo, la niña puede poner en riesgo su vida y sufrir graves problemas psicológicos".
"Varias instancias internacionales de Derechos Humanos, incluido el relator especial de salud de la ONU, instan a los gobiernos a despenalizar el aborto ya que su penalización constituye una grave violación de los derechos humanos de las mujeres", ha recordado.
De acuerdo con Alianza por la Solidaridad, una encuesta realizada entre 2010 y 2011 reflejó que "solo el nueve por ciento de la población urbana del país se opone a la despenalización del aborto y un 68 por ciento está a favor".