ACNUR pide 259 millones de euros para financiar su ayuda a cerca de 345.000 refugiados de Burundi durante 2019

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y sus socios han hecho este martes un llamamiento para recaudar 296 millones de dólares (unos 259 millones de euros) para financiar su ayuda a cerca de 345.000 refugiados burundeses durante 2019.

El organismo ha lamentado que "Burundi es una de las situaciones de refugiados más olvidadas" y ha agregado que "en 2018 fue una de las operaciones de ACNUR menos financiadas a nivel global".

Así, ha subrayado que los refugiados burundeses en Tanzania, República Democrática del Congo (RDC), Ruanda y Uganda sufren reducciones de las raciones de alimentos, falta de medicamentos, tienen abarrotadas las escuelas y residen en viviendas inadecuadas.

"A pesar de los esfuerzos ya en marcha, hace falta más apoyo para satisfacer adecuadamente incluso las necesidades más básicas", ha dicho ACNUR, quien ha destacado que "los niños y las niñas, que constituyen más de la mitad de la población de refugiados, son los más afectados".

"Muchos llegaron a los países vecinos tras haber quedado separados de sus padres o su familia. Los retos para ofrecerles una acogida segura y adecuada son grandes. Además, algunos padecen trastornos psicológicos por la violencia que han presenciado y necesitan atención psicosocial", ha destacado.

En este sentido, ACNUR ha explicado que el acceso a la educación más allá de la escuela primaria "dista mucho de ser como debiera" y ha detallado que únicamente el 20 por ciento de los menores refugiados burundeses en edad de acudir a secundaria están escolarizados.

"Hay una necesidad acuciante de más maestros y recursos educativos en toda la región. Las aulas están tan saturadas que, en Tanzania, los estudiantes deben conformarse con el resguardo que les ofrecen los árboles para dar clase", ha relatado.

Asimismo, ha denunciado que las mujeres y niñas hacen frente a altos niveles de violencia sexual y de género y que apenas cuentan con protección en los refugios improvisados en los que residen muchos de ellas.

"La escasez de materiales para cocinar y construir refugios obliga a mujeres y niñas a recorrer largas distancias a pie fuera de los campamentos y asentamientos para recolectar madera, haciéndolas especialmente vulnerables ante ataques", ha explicado.

El organismo ha puntualizado además que los recortes en las raciones de comidas han provocado que "mujeres y niñas recurran a mecanismos de respuesta negativos, como el 'sexo de supervivencia' o el matrimonio forzado y precoz".

PREOCUPACIÓN PESE A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD

Por otra parte, ACNUR ha destacado que, a pesar de la mejora de la situación de la seguridad en Burundi, sigue existiendo preocupación en lo relativo al estado de los Derechos Humanos en el país africano.

Así, ha resaltado que "no considera que se den las condiciones propicias para promover los retornos", si bien "está ayudando a los refugiados que dicen haber tomado la decisión de regresar voluntariamente y con conocimiento de causa".

En este sentido, ha apuntado que cerca de 57.000 refugiados han regresado a Burundi desde mediados de 2017, al tiempo que ha instado a los estados a garantizar que ninguno sea devuelto a su país natal en contra de su voluntad.

"Dado que se espera que más refugiados regresen voluntariamente durante 2019, la petición de fondos incluye un apartado destinado a ofrecer asistencia y apoyo a la reintegración de los retornados", ha explicado.

Sin embargo, ha manifestado que "una media de 300 refugiados sigue huyendo de Burundi cada mes", por lo que ha pedido a los gobiernos de la región a "mantener las fronteras abiertas" y a "proporcionar acceso al asilo para quienes lo necesitan".

CRISIS POLÍTICA

El país africano está envuelto en una crisis política desde que el presidente, Pierre Nkurunziza, decidiera en 2015 presentarse a un controvertido tercer mandato, algo que la oposición criticó como inconstitucional.

La oposición aseguró que su reelección violaba los términos del acuerdo de paz que se firmó en 2005 tras doce años de guerra civil. Este acuerdo de paz incluía reformas en el Ejército, que fue absorbido por los rebeldes, de mayoría hutu, y que había sido dirigido por la minoría tutsi.

El Gobierno insiste en que no hay preferencias étnicas, pero sus oponentes aseguran que los distritos de Buyumbura en donde viven la mayoría de los tutsi, que también han sido un semillero de protestas contra Nkurunziza, han sido objetivos de varios ataques.

Las autoridades burundesas han acusado en reiteradas ocasiones en los últimos meses a la ONU de tomar partido y denunciar de forma interesada los supuestos abusos cometidos por el partido gobernante y las fuerzas de seguridad.