Activistas kenianos aplauden que la Justicia quiera imponer una cuota mínima de mujeres en el Parlamento

NAIROBI, 3 Abr. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

Decenas de grupos de Derechos Humanos en Kenia han aplaudido este lunes la decisión del Tribunal Superior de obligar al Parlamento a que al menos un tercio de sus diputados sean mujeres, para lo que le ha otorgado a la asamblea un plazo de 60 días.

La sentencia ha llegado después de años de lucha por parte de las mujeres del país para aumentar la representación femenina en la esfera política.

La Constitución de 2010 establece que el Parlamento no puede contar con más de dos tercios de parlamentarios que sean hombres. No obstante, los diputados llevan frustrando durante años los intentos de aprobar una normativa que obligue al Parlamento a establecer una cuota obligatoria.

"La sentencia es muy buena para las mujeres que, debido al contexto patriarcal y cultural, no pueden competir de forma efectiva con los hombres", ha señalado Josephine Mongare, la presidenta de la Federación de Mujeres Abogadas de Kenia (FIDA, por sus siglas en inglés). "Es lo más cerca que hemos estado nunca del requisito constitucional de los dos tercios", ha añadido.

Las mujeres que presentan su candidatura como parlamentarias en Kenia suelen ser víctimas de violencia e intimidación, ya que la sociedad keniana está mal visto que formen parte de la vida política. En muchas ocasiones, tampoco cuentan con el número suficiente de apoyos políticos y financiación para seguir adelante con su candidatura.

Kenia, que celebrará elecciones parlamentarias el próximo mes de agosto, es el país del este de África que menos diputadas tiene. Cuenta con un 19 por ciento de representación femenina en el Congreso, frente al 61 por ciento de Ruanda o al 38 por ciento de Etiopía, según datos de la organización Unión Interparlamentaria, con sede en Ginebra.

La cuota se aprobó la semana pasada después de tres intentos. En mayo de 2016, decenas de parlamentarios hombres salieron del Parlamento antes de votar para sabotear la propuesta de ley. La sentencia del Tribunal Superior tuvo lugar después de que decenas de grupos de Derechos Humanos demandasen a los portavoces del Parlamento keniano y a la Fiscalía General por no cumplir con el plazo establecido en la Constitución a la hora de imponer la cuota.

"Es muy decepcionante que ninguno de los órganos políticos esté tomando medidas de verdad", ha apuntado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, una de las organizaciones que forman parte de la demanda. "Esperaba que el presidente y el líder de la oposición tomarían las riendas a pesar de lo que opinasen los miembros de su partido para cumplir la ley", ha añadido.

No obstante, el abogado constitucionalista Patrick Wanyama ha señalado que la sentencia puede haber llegado demasiado tarde. El plazo de 60 días acaba justo a finales de mayo, apenas un mes antes de que el Parlamento se disuelva de nuevo para las elecciones de agosto.

"Estamos intentando solucionar un problema político utilizando la ley, y a veces me temo que esto no funciona", ha concluido.