Un acuerdo con el Gobierno pone fin a más de un mes de paro educativo en Panamá

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos del sector educativo público de Panamá han alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Educación para poner fin a más de un mes de huelga que ha afectado a unos 800.000 alumnos.

La huelga fue convocada en protesta por el contrato entre el Estado y la Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals (FQM), que acaba de ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano. El contrato preveía la renovación por 20 años prorrogables de la concesión para la explotación de Cobre Panamá.

"Las partes acuerdan poner fin a la huelga iniciada el 23 de octubre de 2023 hasta la firma del presente acuerdo", explica el acuerdo logrado en la madrugada del sábado por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y una veintena de sindicatos educativos.

El documento detalla que deberán "retornar a los centros educativos (para) reiniciar las clases" y aquellos "que laboran en áreas de difícil acceso, retornarán de manera gradual el día lunes 4 de diciembre", para terminar el ciclo escolar el 29 de diciembre.

También se ha pactado "la devolución íntegra de los salarios retenidos a los educadores", una medida tomada por las autoridades panameñas a modo de presión para que los docentes regresaran a las aulas, y se incluirá a los sindicatos docentes "como observadores en el proceso de cierre ordenado de la mina".

La Corte Suprema de Justicia declaró la semana pasada inconstitucional el contrato que renovaba por 20 años prorrogables la concesión para la explotación de Cobre Panamá, operada por Minera Panamá. El fallo fue emitido el lunes y dado a conocer el martes.

La Corte considera que este convenio aprobado el pasado 20 de octubre por el Gobierno y el Parlamento infringía 25 artículos de la Constitución del país.

First Quantum Minerals y su filial Minera Panamá SA (MPSA) anunciaron el viernes la presentación de una denuncia ante la Corte Internacional de Arbitraje tras la declaración de inconstitucionalidad. El contrato fue negociado por el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, quien ha dimitido esta semana pasada.