El acusado de los ataques a dos mezquitas en Christchurch se declara culpable

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciudadano australiano Brenton Tarrant, acusado del ataque de extrema derecha cometido en dos mezquitas de Nueva Zelanda, que acabó con la vida de 51 personas, se ha declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban, entre los que estaba el de terrorismo, durante una sesión extraordinaria celebrada este jueves.

El atacante supremacista de 28 años, que ha comparecido ante el Tribunal Superior de Nueva Zelanda por videoconferencia, se ha declarado culpable también de 40 cargos de intento de asesinato por los ataques que cometió el 15 de marzo de 2019 en las mezquitas de Al Noor y Linwood, en la ciudad de Christchurch.

Algunas de las víctimas han mostrado su conformidad tras conocerse la noticia y todos han coincidido en señalar, en declaraciones al diario local 'New Zealand Herald', que no debía celebrarse nunca ningún juicio, pues "las pruebas estaban ahí" y Tarrant "había sido atrapado con las manos en la masa".

Tarrant, ataviado con una sudadera gris, escuchó impertérrito la retahíla de nombres que el juez fue nombrando y, salvo para declarase culpable de todos los delitos por los que fue imputado, el atacante no dijo nada ni expresó sentimiento alguno.

Se espera que el próximo 1 de mayo, cuando se deroguen las medidas extraordinarias que vive el país actualmente a causa de la pandemia del coronavirus, la Justicia anuncie la pena a la que Tarrant tendrá que hacer frente.

Por su parte, el comisionado de Policía, Mike Bush, ha aplaudido la resolución del caso y ha destacado que se trata del "mayor enjuiciamiento penal en la historia de Nueva Zelanda".

Se trata del peor acto de terrorismo sucedido en Nueva Zelanda, filmado por el atacante y retransmitido en directo por Facebook. Tarrant, quien había publicado su ideario racista en las redes sociales, atacó a estas personas cuando se habían dirigido a las mezquitas para iniciar sus oraciones.

Tarrant, sin antecedentes penales, obtuvo su licencia de armas en 2017 y, tras el ataque, el Gobierno de Nueva Zelanda llevó a cabo una reforma para restringir el acceso a armas de fuego semiautomáticas, además de impulsar una campaña internacional para evitar el contenido racista e incitador al odio en redes sociales.