MADRID, 1 Sep. (Marek Marczynski, director del equipo de Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional) -
Las recientes explosiones que al parecer han destruido un templo de 2.000 años de antigüedad en la ciudad de Palmira, en Siria, constituyen otro sombrío ejemplo de cómo el grupo armado autodenominado Estado Islámico (EI) utiliza las armas convencionales para conseguir sus fines. Pero, ¿qué ha alimentado la cada vez mayor potencia de ataque del EI? La respuesta la encontramos en la historia reciente: el flujo de armas a Oriente Medio se remonta a los años setenta.
Después de tomar el control de Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, en junio de 2014, los combatientes del EI exhibieron armas que no se conocía que poseyeran, la mayoría fabricadas en Estados Unidos, y vehículos militares que se habían vendido o dado al Ejército iraquí.
A finales del año pasado, la organización Investigación de Armamento en Conflictos publicó un análisis sobre la munición que usaba el EI en el norte de Irak y Siria. Los 1.730 cartuchos estudiados se habían fabricado en 21 países diferentes, de los cuales más del 80 por ciento procedían de China, la antigua Unión Soviética, Estados Unidos, Rusia y Serbia.
Un estudio más reciente encargado por Amnistía Internacional demuestra que el EI posee munición producida en 2014, pero que también utiliza un alto porcentaje de armas de la era soviética o del Pacto de Varsovia, como armas pequeñas y armas ligeras, vehículos blindados y artillería de los años setenta y ochenta.
Este tipo de situaciones quita el sueño a los estrategas militares y los responsables de política exterior. Pero para muchos civiles de países devastados por la guerra, como Irak o Siria, forman parte de una pesadilla muy real. El EI y otros grupos armados tienen armas --de las que o bien se han adueñado ellos mismos o bien se las han vendido ilegalmente--, que han facilitado las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas, las violaciones y la tortura, y otros graves abusos contra los Derechos Humanos. Y todo esto en medio de un conflicto que ha obligado a millones de personas a desplazarse dentro del país o a buscar refugio en los países vecinos.
Es un signo evidente de que, en este comercio global de armas mal regulado, las armas y las municiones con licencia de los gobiernos para ser exportadas pueden caer muy fácilmente en manos de quienes cometen abusos contra los Derechos Humanos.
LA HISTORIA SE REPITE
Lo peor de todo es que se trata de un caso en que la historia se repite, pero los líderes mundiales aún no han aprendido la lección. Para muchas personas, la guerra del Golfo de 1991 en Irak confirmó los peligros que conllevaba la falta de controles y equilibrios en el comercio internacional de armas.
Cuando todo se calmó tras el conflicto que siguió a la invasión de Kuwait por el poderoso Ejército del presidente iraquí Sadam Husein, se supo que su país estaba repleto de armas que le habían proporcionado los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Seguridad de la ONU. Contra toda lógica, varios de esos países también habían armado a Irán en la década anterior, alimentando una guerra de ocho años contra Irak que tuvo como resultado cientos de miles de muertes de civiles.
Ahora, esos mismos Estados de nuevo están surtiendo de armas a la región, a menudo sin ningún tipo de protección adecuada contra el desvío y el tráfico ilícito.
Esos Estados se encuentran entre los más de 100 países representados en Cancún, México, en la Primera Conferencia de los Estados Partes sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que entró en vigor el pasado diciembre. Esta reunión es crucial, ya que en ella se han establecido reglas firmes y procedimientos para implantar el Tratado. Es importante la participación de la sociedad civil en esta y en futuras conferencias sobre el TCA para impedir que decisiones que puedan suponer una grave amenaza para la vida se tomen fuera del escrutinio público.
Entre otras medidas, es esencial y prioritario que haya transparencia en el proceso de presentación de los informes sobre el TCA, ya que esto marcará la diferencia entre un tratado sometido a unos controles y equilibrios útiles que pueden acabar salvando vidas y otro debilitado y que acumula polvo mientras los Estados siguen haciendo negocio en el masivo comercio de armas convencionales.
Un tratado que se mantiene en secreto y que vale decenas de miles de millones de dólares es la causa de medio millón de muertos e innumerables heridos cada año, y hace que millones de personas más corran el riesgo de ser objeto de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y otras graves violaciones de Derechos Humanos.
TRATADO CLAVE
El Tratado sobre el Comercio de Armas incluye un conjunto de sólidas normas dirigidas a impedir la afluencia de armas a países donde se sabe que se usarán para cometer nuevas atrocidades.
El Tratado ha ganado rápidamente un amplio apoyo en la comunidad internacional, incluido el de 5 de los 10 mayores exportadores de armas: Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. Estados Unidos, el mayor productor y exportador de armas con diferencia, está entre los 58 Estados que han firmado el Tratado pero aún no lo han ratificado. Otros grandes productores de armas, como China, Canadá y Rusia, han rehusado hasta ahora firmar o ratificar el Tratado.
Uno de los objetivos del TCA es "prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y evitar su desvío", por lo que los gobiernos tienen la responsabilidad de tomar medidas para impedir situaciones en las que sus negocios con las armas puedan generar abusos contra los Derechos Humanos.
La introducción de controles rigurosos ayudará a garantizar que los Estados dejan de surtir de armas a países en conflicto o cuyos gobiernos las usan de forma generalizada contra los derechos humanos de las personas.
Cuantos más países se sumen al Tratado y cuanto más sólidos y transparentes sean los controles y equilibrios, mayor será el cambio en las turbulentas aguas del comercio internacional de armas. Obligará a los gobiernos a ser más reflexivos a la hora de decidir con quiénes hacen negocios.
Hasta ahora, la comunidad internacional ha fallado a las personas de Siria e Irak, pero el TCA concede a los gobiernos una oportunidad histórica para dar un paso crucial hacia la protección de la población civil frente al horror en un futuro. Deben aprovechar esta oportunidad sin dudarlo.