La agencia anticorrupción de Indonesia investiga a un parlamentario por defraudar 150 millones de euros

YAKARTA, 17 Jul. (Reuters/EP) -

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) está investigando a un miembro del Parlamento sospechoso de haber causado pérdidas al Estado por valor de 150 millones de euros durante la implementación de la carné de identidad electrónico.

La agencia anticorrupción de Indonesia ha identificado al político sospechoso con las iniciales, "S.N.", que los medios locales atribuyen a Setya Novanto, presidente de la Cámara de Representantes y del segundo partido político de Indonesia, el Partido de los Grupos Funcionales, conocido como Golkar.

El presidente de la comisión investigadora, Agus Rahardjo, ha explicado que, "S.N.", es sospechoso de haber abusado de su autoridad para beneficiarse a sí mismo y a otros.

Novanto no ha respondido a las preguntas de la prensa. Sin embargo, el portavoz del partido, Nurul Arifin, ha apuntado que "todavía esperamos el anuncio oficial de la KPK que ha situado a nuestro presidente, el señor Setya Novanto como sospechoso". "El partido sigue y respeta el proceso judicial y se aferra firmemente al principio de presunción de inocencia", ha concluido Arifin.

La Comisión ha investigado posibles sobrecostes en la emisión de los carnés de identidad electrónicos. Se estima que las sumas de dinero generados por la emisión de las tarjetas van desde los 4.000 hasta los 5.000 millones de euros. Este dinero ilícito habría sido repartido entre varias personas en una sala del Parlamento.

En marzo, dos funcionarios públicos juzgados por corrupción y relacionados con el caso, identificaron al menos a 37 personas que se habrían beneficiado de la trama de corrupción. Entre los identificados están miembros del partido del presidente Joko Widodo y el propio Novanto.

A pesar de su actual silencio, Novanto negó su vinculación en el momento en que se le relacionó con el caso de corrupción, alegando que el contenido de la acusación era absolutamente incorrecto y se debía permitir que los jueces fueran independientes e imparciales.