AI acusa al Gobierno venezolano de llevar a cabo "una política premeditada de represión violenta"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este lunes la existencia por parte del Gobierno de Nicolás Maduro de "una política premeditada de represión violenta contra cualquier forma de disidencia" que ha dado lugar a "una de las peores crisis de Derechos Humanos" en Venezuela, con más de 90 muertos.

"Lo que parecían ser reacciones aisladas por parte de las autoridades venezolanas enfrentando manifestaciones disidentes, en realidad son una estrategia planificada por parte del Gobierno del presidente Maduro de utilizar violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica", ha dicho la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas.

La ONG "ha podido corroborar que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han empleado fuerza no letal de forma indebida", incluyendo disparos con fuego real y de bombas lacrimógenas "directamente al cuerpo de manifestantes disidentes".

"También se han documentado ataques contra comunidades y personas que no estaban participando en protestas, incluyendo irrupciones violentas masivas por parte de las fuerzas de seguridad con vehículos blindados y bombas lacrimógenas, causando destrozos de vehículos y viviendas y poniendo en riesgo las vidas de los residentes", ha añadido.

Además, AI ha asegurado que "tiene evidencia de varios casos de grupos civiles armados que han atacado a la población civil con la aquiescencia de las autoridades", dado que se han producido en presencia de las fuerzas de seguridad y estas no han actuado para proteger a la población", "lo cual parece vincularse con la política estatal de violencia".

A ello se suma "la creación e implementación de mecanismos e instancias del Estado para llevar a cabo acciones de represión violenta contra la población", como "instancias destinadas exclusivamente a la persecución de manifestantes y presuntos disidentes, tales como el 'Comando Antiterrorista'".

Amnistía Internacional ha denunciado que todos estos actos de violencia "han sido específicamente dirigidos contra quienes son identificados por las autoridades como disidentes y contra manifestaciones críticas al Gobierno", mientras que "las manifestaciones de apoyo al Gobierno se desarrollan con normalidad".

"El hecho de que quienes opinan diferente sean las únicas personas a quienes se tilda de 'terroristas', a quienes se les impide manifestarse y contra quienes se usa la violencia y la fuerza ilegítima es prueba de una estrategia para silenciar el creciente descontento social en Venezuela", ha defendido Guevara Rosas.

Todo ello se enmarca en "un discurso de incitación a la violencia que ha sido promovido y utilizado por el Gobierno venezolano para legitimar la violencia como respuesta estándar a cualquier forma de disidencia". La ONG ha recordado a este respecto los llamamientos del presidente, Nicolás Maduro, a hacer uso de la fuerza tanto a uniformados como a civiles.

JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

Para Guevara Rosas, "Venezuela atraviesa una de las peores crisis de Derechos Humanos de su historia reciente", debido a "la escalada de violencia patrocinada por el Gobierno y la falta de propuestas de solución viable por parte del Estado para enfrentar las graves afectaciones que sufre la mayoría de la población, incluyendo el acceso a medios de subsistencia esenciales como alimentos, medicinas y todo producto de primera necesidad".

"Es fundamental que el Gobierno atienda de manera prioritaria esta dramática situación que enfrentan diariamente miles de personas en el país, en lugar de instaurar un régimen de represión y violencia" y que las autoridades venezolanas den "un giro radical" que ponga fin a "la represión violenta premeditada contra las personas que sean consideradas críticas".

De lo contrario, ha alertado Guevara Rosas, "seguirán acumulándose evidencias irrefutables para que los perpetradores y autoridades rindan cuentas ante la justicia penal internacional". "Si los altos mandos gubernamentales, militares y policiales no eliminan los mecanismos que apuntan a una política estatal de violencia (...) podrán ser llevados ante la justicia penal internacional", ha sostenido.