AI alerta de que Marruecos viola los derechos de las mujeres debido a la penalización del aborto

Muchas mujeres buscan alternativas inseguras, no reguladas y caras para abortar, como fármacos o violencia autoinfligda

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) ha alertado este martes de que el Estado marroquí viola los derechos humanos de las mujeres debido a la penalización del aborto en el país, que obliga a muchas de ellas, incluso a las que han sufrido violaciones o maltrato, a recurrir a métodos peligrosos para interrumpir su embarazo.

En su último informe, la ONG describe las consecuencias devastadoras de la prohibición del aborto en Marruecos y entrevista a 33 mujeres que intentaron realizarse el procedimiento, así como a representantes de ONG humanitarias y profesionales tanto del sector de la salud como del derecho.

"Las leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Marruecos niegan a las mujeres su derecho a una toma de decisiones autónoma y perpetúan un clima social que obliga a mujeres y niñas a llevar a término su embarazo a pesar de las consecuencias", ha explicado el director regional adjunto para Oriente Próximo y el Norte de África de AI, Amjad Yamin.

Ningún Estado debería dictar decisiones sobre el embarazo de las mujeres o privarlas de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva --que son derechos reconocidos por las leyes internacionales--, ya que ello "fomenta la violencia, la pobreza y la discriminación sistémica de género", ha argumentado Yamin.

"Organizaciones marroquíes llevan años pidiendo a las autoridades del país que despenalicen el aborto y garanticen que ninguna embarazada sufre malos tratos, humillación, degradación o riesgo de sanción penal o exclusión social por acceder o intentar acceder a servicios de aborto", ha agregado.

QUÉ DICE EL CÓDIGO PENAL

El Código Penal castiga con entre seis meses y dos años de prisión a quienes intenten abortar en Marruecos, además de enfrentarse a multas. El procedimiento solo puede llevarlo a cabo un cirujano autorizado y solo en caso de que peligre la vida de la madre.

La legislación también contempla una prohibición de difusión de información relacionada con la interrupción del embarazo por cualquier medio. Este supuesto, "incitar al aborto", conlleva penas de hasta dos años de prisión y también multas.

Hay, además, disposiciones adicionales a las que se enfrentan las mujeres en virtud de la ley que castiga las relaciones sexuales fuera del matrimonio. De la misma forma, el personal médico que realice dichos procedimientos al margen de la ley se expone a perder su licencia y en caso de juicios al respecto, los proveedores de estos servicios no respetan la confidencialidad de la paciente, ya que se ven forzados a revelar información sobre las operaciones.

Un médico asegura a la ONG que tienen "las manos atadas". "¿Qué podemos hacer como profesionales de la medicina? Nada. No podemos ayudar a las mujeres", indica, agregando que "es frustrante no poder dar ayuda" a las personas que lo necesitan.

Por todo ello, muchas mujeres son coaccionadas para proseguir con su embarazo, incluso en casos de violación, lo que agrava la exclusión social y la pobreza, mientras que otras recurren a métodos clandestinos y peligrosos para interrumpir su embarazo.

ALTERNATIVAS INSEGURAS, NO REGULADAS Y CARAS

Amnistía afirma que las mujeres que no tienen salida buscan alternativas inseguras, no reguladas y caras, como el uso indebido de fármacos, la ingesta de mezclas químicas peligrosas e incluso la violencia física autoinfligida o de terceras personas. Cuatro mujeres entrevistadas por la ONG fueron hospitalizadas por graves complicaciones de salud debido a intentos de aborto autoinducido.

Farah fue violada por un compañero mientras estaba inconsciente debido a un coma diabético. Tras descubrir que estaba embarazada, acudió al ginecólogo en busca de ayuda, si bien este se negó a practicarle un aborto. Además, su jefe la apartó de su puesto para evitar posibles daños a la reputación de su negocio.

"Tomé toda clase de hierbas y bebedizos para abortar. Compré hierbas a un herborista, bebí las infusiones, tuve dolores insoportables y vomité. Sentí que se me desgarraban los intestinos, pero no aborté. Una vez fui a mi habitación, me desnudé, me metí un palo largo por la vagina (...) Durante más de cinco meses lo intenté todo, sin resultado. Hasta pensé en suicidarme", relata a la ONG.

Amnistía advierte de que la violencia contra las mujeres en Marruecos "fomenta una cultura de impunidad y permite actuar libremente a los perpetradores de violación, acoso sexual y violencia de género dentro de la pareja".

Otras diez mujeres contaron a la ONG que se habían quedado embarazadas tras ser violadas por un desconocido, un vecino, su novio o su esposo. La penalización del aborto afecta también a otros casos, como las que sufren un embarazo involuntario o no deseado por fallos en los métodos anticonceptivos o por carencias económicas.

ADULTERIO EN EL CÓDIGO PENAL

El Código Penal castiga con penas de entre un mes y un año de prisión las relaciones sexuales entre personas no casadas, así como a penas de entre uno y dos años por adulterio. Muchas mujeres encarceladas por estos delitos se enfrentan a barreras y estigmas a la hora de buscar empleo, por lo que muchas veces suelen ser objeto de aislamiento social.

Es el caso de Ouiam, viuda con un hijo y quien fue encarcelada por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. "Al ser madre y no estar casada, vivo aterrorizada en mi pueblo, nadie habla conmigo (...) La gente del pueblo me trata peor que nunca", relata.

Además, aquellos hijos e hijas de mujeres no casadas carecen de identidad legal a ojos de la legislación, ya que solo se reconoce la filiación paterna dentro del matrimonio. De esta forma, el Código de Familia niega el derecho a estos menores de recibir apoyo económico o herencias, abocándolos a la pobreza y la discriminación.

El Código de Estado Civil marroquí tampoco garantiza a las mujeres solteras el derecho a recibir el libro de familia para registrar los nacimientos y obtener documentos oficiales a fin de recibir servicios básicos, como asistencia sanitaria, educativa o prestaciones sociales.

"Las mujeres valientes que cuentan su triste historia en este informe inspiran y demandan acción. Ya es hora de que las autoridades marroquíes antepongan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y rompan el silencio y la inacción del Estado en torno al aborto", sentencia la socia fundadora de Mobilising for Rights Associate, Stephanie Willman Bordat.