Pide ampliar las cautelas para el comercio de diamantes más allá de las zonas de conflicto
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha alertado del riesgo de que las empresas de República Centroafricana empiecen a vender "diamantes de sangre" con el fin de las restricciones a la exportación por el conflicto, al tiempo que ha reclamado una regulación más estricta para evitar el comercio de los minerales obtenidos con violaciones de los Derechos Humanos.
"Los principales comerciantes de República Centroafricana han comprado diamantes sin investigar adecuadamente si con ello están financiando a grupos armados responsables de ejecuciones sumarias, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y saqueos generalizados", ha dicho AI en un informa publicado este miércoles.
A partir de entrevistas a mineros y comerciantes, la ONG ha expuesto "cómo los grupos armados --los antibalaka cristianos y los Séléka musulmanes-- se benefician del comercio de diamantes controlando los emplazamientos mineros y cobrando "impuestos" o dinero de "protección" a mineros y comerciantes".
La organización humanitaria también ha conseguido documentar "el vacío existente en cuanto a las inspecciones en los centros de comercio de diamantes, un vacío que permite el comercio y la venta mundial de diamantes ensangrentados".
En concreto, AI ha apuntado a Sodiam, "el comprador que más diamantes ha adquirido durante el conflicto", llegando a acumular un stock de 60.000 quilates por valor de siete millones de dólares. "Existe un elevado riesgo de que haya comprado y siga comprando diamantes que han financiado a los antibalaka", señala AI.
El pasado mes de mayo "un representante de Sodiam en Carnot confirmó a Amnistía Internacional que la empresa había estado comprando diamantes en el oeste de República Centroafricana pese al conflicto y que los guarda hasta que puedan ser exportados".
La ONG también ha logrado documentar "la considerable implicación de los antibalaka en el comercio de diamantes del oeste de República Centroafricana" del que están al tanto los comerciantes, a pesar de que "ninguno parece realizar un filtrado activo para excluir los diamantes que pudieran haber financiado al grupo armado".
"Uno de estos comerciantes, que dijo que era demasiado peligroso visitar los emplazamientos de las minas, mostró a Amnistía Internacional recibos de ventas a Sodiam", ha dicho, añadiendo que "otros comerciantes que hicieron ventas a Sodiam realizaron admisiones similares ante la ONU".
Sodiam, por su parte, "niega haber comprado siquiera diamantes de zonas en conflicto", asegurando que "no compra diamantes de minas controladas por grupos rebeldes o a comerciantes de los que se sabe que están asociados con esos grupos armado".
Además, "la ONU ya ha puesto en la lista negra al segundo mayor comprador de diamantes, Badica, y a su empresa asociada belga, Kardiam, por comprar y sacar de contrabando diamantes de las zonas controladas por Séléka en el este de República Centroafricana".
"BENEFICIO PÚBLICO"
Así las cosas, para AI es probable que "las empresas de diamantes de República Centroafricana empiecen en breve a exportar diamantes acumulados durante el conflicto en curso, en el que han muerto 5.000 personas".
"La prohibición de las exportaciones impuesta desde mayo de 2013 se levantará parcialmente cuando el Gobierno cumpla las condiciones expuestas en julio de 2015 por el Proceso de Kimberley, responsable de impedir el comercio internacional de diamantes ensangrentados", ha explicado.
"Si las empresas han comprado diamantes ensangrentados, no debe permitírseles beneficiarse de ellos", ha subrayado Lucy Graham, asesora jurídica del Equipo sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Graham ha propuesto al Gobierno que confisque los diamantes de sangre y los venda para usar el dinero obtenido para el "beneficio público". La asesora jurídica ha esgrimido que "la población tiene derecho a beneficiarse de sus propios recursos naturales" y que República Centroafricana necesita esos fondos para la reconstrucción.
PROCESO DE KIMBERLEY
Por otro lado, AI ha puesto de relieve la necesidad de "abordar el fracaso del Proceso de Kimberley", después de examinar "varios países de la cadena de suministro de diamantes, desde República Centroafricana hasta Bélgica, que expone los abusos contra los Derechos Humanos, el contrabando y la evasión de impuestos existentes a lo largo de la misma".
"Puesto que está previsto que el sector del diamante se reúna en la cumbre de la industria joyera en marzo de 2016 para hablar sobre la adquisición responsable, Amnistía Internacional insta a los gobiernos y a las empresas internacionales de diamantes como De Beers y Signet a apoyar una regulación más estricta del sector", ha dicho.
La ONG ha considerado que "las empresas de diamantes deben investigar sus cadenas de suministro para descartar abusos contra los Derechos Humanos, conflictos u otras prácticas ilegales o poco éticas, y deben desvelar las medidas que han tomado".
También ha propuesto que el Proceso de Kimberley se amplíe a zonas que no estén en conflicto, porque al centrarse solo en estas "camufla todos los demás abusos contra los Derechos Humanos y prácticas sin escrúpulos asociados a los diamantes".
"Es una llamada de alerta para el sector del diamante. Los estados y las empresas no pueden seguir utilizando el Proceso de Kimberley como hoja de parra para asegurar a los consumidores que sus diamantes proceden de fuentes éticas", ha sentenciado.